La resolución de la jueza penal María Laura Martini, que declaró prescripta una causa de abuso sexual y apuntó a irregularidades en la investigación fiscal, desató una verdadera guerra interna en el ámbito judicial de Chubut.
El fallo, que sobreseyó al imputado por entender que la acción penal había vencido, derivó en un fuerte cruce de acusaciones entre fiscales, denuncias de persecución y la apertura de un análisis disciplinario por parte de la Procuración General.
La causa se inició en abril de 2021, cuando la víctima realizó la denuncia. Según Héctor Moyano, defensor público del denunciado, en ese momento no estaba prescripta la acción penal, pero el Ministerio Público Fiscal (MPF) recién solicitó la apertura de la investigación en febrero de 2024, cuando el plazo legal ya había vencido.
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La jueza penal de Rawson, María Laura Martini, declaró extinguida la causa por prescripción.
“Se pidió que se abriera la investigación cuando ya la causa estaba prescripta. Esto tendría que haberlo analizado jurídicamente quien lo presentó. De haberse realizado las diligencias correspondientes en tiempo y forma, la causa no hubiera prescripto”, afirmó Moyano, en diálogo con Radio Chubut.
La jueza reforzó las críticas a la instrucción con su fallo. “Habiendo analizado todas las opciones posibles surgidas de una investigación fiscal poco comprometida, cualquiera sea la elegida todas conducen a la extinción de la acción”, afirmó la magistrada en su resolución.
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La defensa de la fiscal Florencia Gómez
La fiscal a cargo en el inicio de la investigación, Florencia Gómez, rechazó las críticas y aseguró que es víctima de una persecución. “Es una persecución más que tengo, con los mismos personajes”, declaró en Radio Chubut, ligando la situación a enfrentamientos previos con otros funcionarios judiciales.
Gómez recordó que en diciembre de 2021, durante los incendios de Rawson, la fiscalía de Rawson en la que trabajaba perdió 3.500 legajos por destrucción total, lo que obligó a reconstruir expedientes. “Nunca se dejaron de tomar las directivas de investigación. Todo consta en el sistema”, defendió.
También apuntó contra el fiscal Leonardo Cheuquemán, quien tomó la causa luego de que Gómez fuera trasladada a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra Animales.
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La funcionaria judicial acusó a su colega de “mentirle a la gente, a la jueza y a las víctimas” y de omitir información relevante sobre las particularidades del caso. También defendió su insistencia en impulsar la apertura de la investigación cuando el hecho ya estaba prescripto. “Lo hubiese llevado a juicio por la verdad, como lo hice en otros expedientes”.
Por último, afirmó que denunciará a Cheuquemán y al fiscal general Fernando Rivarola, a quien acusó como responsable de montar una campaña en su contra, en represalia por haberlo acusado de maltrataro y violencia de género. “No voy a permitirles que me maltraten y que hablen mal de mi trabajo”, advirtió.
El comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal
Frente a la repercusión pública, la Procuración General emitió un comunicado donde informó que recibió el oficio de la jueza Martini, señalando presuntas irregularidades en la tramitación del caso mientras estuvo bajo la gestión de Gómez.
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El texto aclara que, de acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento Disciplinario, el análisis preliminar de las denuncias contra fiscales jefes corresponde al Tribunal de Disciplina, integrado por fiscales del Consejo de Fiscales. Este organismo deberá decidir si desestima la denuncia, si adopta medidas administrativas o si remite el caso al Consejo de la Magistratura si considera que existe causal de remoción.
“Según se ha hecho en otras oportunidades, se conferirá intervención al Tribunal de Disciplina para que analice el curso que corresponde dar a la comunicación de la jueza penal”, concluye la nota firmada por el procurador Jorge Miquelarena.