Luego del precedente que sentó la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la semana pasada, la justicia de Irlanda dictaminó a favor de Argentina en la causa contra YPF, al rechazar la ejecución de sentencia en ese país, solicitada por los fondos buitres Burford Capital y Eton Park.
La estrategia que mantiene la defensa argentina desde que inició la demanda, más allá de los cambios de gestión política, comenzó a cosechar buenos resultados en esta etapa de definiciones. Primero, las tres juezas del tribunal neoyorquino decidieron mantener en suspenso la sentencia que ordenaba a Argentina entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal a los capitales especulativos, para cancelar los 16.100 millones de dólares, más 2 millones diarios de intereses, en forma de “resarcimiento por las pérdidas” que les generó la reestatización. Y, este lunes, se sumó la determinación de la cámara irlandesa, con el rechazo de reconocer y ejecutar el fallo a favor de los acreedores en esa jurisdicción.
Eileen Roberts, del Tribunal Comercial de Irlanda, calificó como “no apropiado” el pedido de los buitres, alertó que se encontró con el “mayor monto jamás sometido a reconocimiento ante cortes irlandesas” y manifestó que no existen activos ejecutables de la Argentina en ese país, ni posibilidades próximas de que los haya como para sostener el litigio. En un documento de 77 páginas explicó que no encuentra un “beneficio práctico” para los demandantes y les advirtió que “duplicar procesos sería inútil”.
Cuando Burford conoció la noticia, no demoró en responder con desdén: “si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos”.
Es que se trata de una medida ejemplificadora, teniendo en cuenta las otras presentaciones de los caranchos en Reino Unido, junto con Gales, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre. Lugares donde aún no hubo respuestas y los intentos por conseguir otra Preska no cesan.
“La decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, afirmaron desde la Procuración del Tesoro de la Nación.
Loretta Preska es la magistrada de Nueva York que en primera instancia falló a favor de los buitres, al punto de utilizar argumentos como que Argentina debía cambiar la Constitución para cumplir con el pago. La orden fue frenada por la Corte mientras continúan las apelaciones.
La deuda que intentan liquidar asciende en la actualidad a los 18.000 millones de dólares. Cifra que, de acuerdo a distintos especialistas, está por fuera de los parámetros legales que permiten las normas en Estados Unidos. De todas maneras, según la propia Casa Blanca, los factores de equidad favorecen a Argentina, “exigir una fianza podría exponer activos del país en Estados Unidos a intentos de embargo” y explica que la inmunidad soberana extranjera históricamente protegía la propiedad de estados extranjeros de la ejecución. Con estos fundamentos, el Departamento de Estado, que el viernes fue avalado como “amicus curiae” de Argentina, también sostuvo la misma postura durante el gobierno de Joe Biden y ahora con Donald Trump.
El calendario del caso tendrá novedades el 25 de septiembre, con la presentación de escritos para la apelación formal; y para la semana del 27 de octubre, cuando está prevista la primera audiencia para tratar la apelación de fondo. Se espera que la decisión de fondo ocurra a comienzos del 2026.
Los motivos que indica el Estado norteamericano fortalecen a la estrategia argentina que tiene como principal basamento la defensa del principio de la soberanía. El Congreso “del país no indicó una intención de eliminar la inmunidad para la propiedad de estados extranjeros fuera de Estados Unidos al promulgar la FSIA”, afirma el Departamento de Estado. De forma contraria, “resultaría en que la propiedad extranjera en su propio territorio tendría menos protección que la propiedad en Estados Unidos”, remarca.