En Rawson se vivió un caso inédito que marca un precedente en la lucha contra los incumplidores de la cuota alimentaria. Un hombre no pudo ingresar a un complejo deportivo donde solía jugar al pádel luego de que la Justicia aplicara, por primera vez, la ordenanza municipal que prohíbe a deudores alimentarios participar en actividades recreativas, culturales, sociales y deportivas.
Así lo informó el diario Jornada, que dio a conocer el hecho a partir de la denuncia impulsada por la madre de una niña y su abogada, Ana Laura Ramírez. La normativa, aprobada en Rawson este año, se suma al Registro de Alimentantes Morosos de Chubut, pero con un enfoque distinto: mientras la inscripción en el registro funciona como antecedente, esta nueva herramienta apunta a generar una sanción social inmediata. El espíritu es contundente: no se puede permitir que un padre o madre destine dinero y tiempo al ocio cuando no garantiza lo más elemental para sus hijos.
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El hombre involucrado es padre de tres hijos con distintas mujeres. Con dos de ellos cumple con la manutención y el contacto, pero con la tercera niña desatendió por completo su responsabilidad: no aporta dinero, no respeta el plan de parentalidad ni mantiene vínculo alguno. Frente a reiterados incumplimientos y a la ineficacia del RAM, la madre de la menor recurrió a esta ordenanza municipal, que por primera vez fue utilizada como vía legal.
El hombre tenía prohibido el ingreso al complejo y la madre de su hija descubrió que estaba incumpliendo con esa medida a través de las redes sociales.
Ilustrativa
Tras la presentación judicial, el hombre fue notificado de la restricción. Sin embargo, decidió asistir al club donde juega habitualmente. La progenitora advirtió su presencia a través de publicaciones en redes sociales y dio aviso a la policía. Los agentes intervinieron de inmediato y le solicitaron retirarse del establecimiento, cumpliendo así con la disposición dictada.
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La letrada Ana Laura Ramírez consideró que el caso marca un “antes y un después” en la provincia: se trata de una sanción que trasciende lo económico y coloca el foco en la responsabilidad social. La medida busca exponer al incumplidor ante la comunidad y, al mismo tiempo, proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, entre ellos la alimentación, la salud, la educación y la vivienda.
La ordenanza de Rawson abre un debate más amplio: hasta dónde puede llegar la sanción social y cuál es el mejor camino para garantizar que padres y madres cumplan con sus obligaciones. Lo cierto es que la primera aplicación concreta ya generó impacto y promete convertirse en un ejemplo replicable en otras localidades chubutenses.