La disputa por el transporte público de pasajeros de Comodoro Rivadavia sigue en etapa de definiciones, a la espera de las conclusiones de la comisión evaluadora del municipio, que tiene a su cargo la definición. Las presiones de las empresas se hacen sentir a partir de las impugnaciones formales y también a través de la opinión pública. ¿Qué hay en juego?
El sistema de ómnibus de Comodoro Rivadavia es uno de los más grandes del interior del país, exceptuando a las grandes capitales, ya que no son muchas las ciudades con prestaciones que demanden el uso de más de 120 unidades, como ocurre en la urbe petrolera.
En las últimas horas, Patagonia Argentina salió a plantear públicamente que su trayectoria en el servicio lleva más de 50 años, aunque la misma no ha estado exenta de conflictos y juicios contra el municipio, que muchas veces resultó condenado a pagar las exigencias de la prestadora.
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Un servicio de 3.000 millones de pesos por mes
El transporte público es uno de los pocos que cuenta con subsidios municipales directos, lo que ayuda a sostener el funcionamiento del sistema. En el último mes, ese monto, que empezó el año en torno a los 1.200 millones de pesos, se habría ubicado en torno a los 1.600 millones.
ADNSUR
Si se considera que esa proporción representa algo más del 50% del total y el resto del costo se cubre entre el boleto que pagan los pasajeros y los 150 millones de pesos que envía el Estado provincial, el costo total del servicio oscila hoy los 3.000 millones de pesos.
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Ese valor, que anualizado representa unos 36.000 millones de pesos, o alrededor de 25 millones de dólares por año, es el que está en juego y que ocasiona la encarnizada puja entre las dos contendientes que presentaron ofertas, con impugnaciones contra su rival y apuntando a quedarse con la totalidad del servicio.
Una denuncia judicial que sigue abierta
El servicio del transporte es objeto hoy de una investigación que continúa abierta, según pudo saber ADNSUR en ámbitos de la fiscalía, ya que el concejal Omar Lattanzio denunció, en marzo de este año, que en la estructura de costos se estarían aplicando sobreprecios desde el año 2007.
De acuerdo con el planteo del edil, la empresa Patagonia Argentina habría fijado valores en la cantidad de aceite utilizada por cada unidad fuertemente desfasada de la realidad, según planteó al comparar el mismo costo que estipula la estructura de costos de la empresa Diadema.
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La presentación dio origen a una investigación impulsada por el fiscal Cristian Olazábal, en una actuación que por ahora se mantiene en terreno “preliminar”, ya que no se ha avanzado en una apertura de investigación formal, con imputaciones concretas.
Sin embargo, la causa está abierta y ha motivado distintos requerimientos de información al Municipio, en busca de documentación inherente a las gestiones de gobierno desde 2007 en adelante, para dilucidar si lo que dice el concejal opositor tiene fundamentos.
Múltiples oficios librados para recabar información
“Se han librado innumerables oficios con el fin de cotejar la información que señalaba el concejal Lattanzio y estamos haciendo un análisis de los mecanismos administrativos. Para que haya delito de estafa, debe probarse que hubo un ardid, un engaño que provocó un error en la administración pública municipal, en perjuicio del municipio y para beneficiar a un tercero”, había explicado el fiscal Olazábal, en el mes de julio, sobre la marcha de la investigación.
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“Los mecanismos que tiene establecidos la Municipalidad, en lo que refiere al transporte público, son suficientemente acordes para evitar este tipo de engaños, con distintos filtros de control, es decir varios componentes municipales que intervienen hasta aprobar un aumento en la tarifa, que está solventada en gran parte por las arcas municipales. Esto es lo que estamos analizando: si hubo un error o no, si se aplicaron los mecanismos correctos y si no fue así, sospechar que hubo un acuerdo espurio entre algún funcionario y la empresa. Si no, tendríamos que sospechar que toda la Municipalidad estuvo en connivencia para habilitar estos pagos”.
Por lo pronto, continúa la investigación preliminar, según confiaron fuentes judiciales ante la consulta de esta agencia.
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Exigencia por los puestos de trabajo y la crítica por 25 licencias gremiales
Entre los cuestionamientos, que de ser ciertos hablarían de un sobrecosto de miles de millones de pesos, Lattanzio también apuntó a las licencias gremiales que se abonan en la prestación actual, al considerar que hay 25 trabajadores liberados de funciones por sus cargos sindicales, pero cuyos haberes forman parte del subsidio que abona mensualmente el municipio.
Precisamente, uno de los puntos en disputa en la discusión pública entre empresas y el propio sindicato de la UTA se vincula al sostenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo. El pliego dice que el nuevo concesionario “podrá contratar” al personal que considere necesario, lo que motivó incluso un planteo judicial desde la UTA para exigir garantías de que no habrá despidos. Sin embargo, queda por dilucidar si, en caso de ser cierto lo que dijo el concejal desde su banca, el nuevo contrato permitirá que ese costo sea afrontado por el erario, o si debería ser afrontado por la empresa o el propio gremio.