La Administración del Área Natural Protegida Península Valdés confirmó que avanzará por la vía judicial tras el cierre intempestivo de dos miradores históricos ubicados en la zona de Caleta, una medida que generó preocupación en el sector turístico y entre los vecinos de la región.
Desde el organismo señalaron que la decisión fue adoptada de manera unilateral por la propietaria del campo, luego de meses de negociaciones sin acuerdo.
Según explicaron desde la administración, el conflicto no tomó por sorpresa, ya que las conversaciones con la titular del predio se mantenían desde junio del año pasado. Sin embargo, remarcaron que no se respetaron los tiempos pactados, ya que las negociaciones estaban previstas hasta el día 15 del mes, pero el cierre se concretó el día 6, sin previo aviso.
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Durante ese proceso, se abordaron distintas alternativas para mejorar sectores de la península, entre ellos los miradores, en el marco de un plan integral para ampliar y jerarquizar la oferta turística. No obstante, las autoridades describieron una postura “intransigente” por parte de la propietaria, quien incluso llegó a plantear un esquema de alquiler por el uso del espacio, con exigencias que el Estado consideró inviables.
ILUSTRATIVA / Administración Península Valdés
Desde la Administración indicaron que la propuesta implicaba que el sector público realizara todas las inversiones, asumiera responsabilidades operativas y civiles, mientras el privado percibía un canon económico, algo que fue descartado de plano. Además, aseguraron que la propietaria manifestó abiertamente que no tenía interés en el desarrollo turístico, ni propio ni a través de terceros.
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El cierre afecta a dos miradores históricos, utilizados desde hace más de tres décadas y considerados de uso público por generaciones de residentes y visitantes. “Son lugares emblemáticos para quienes viven en la zona y para quienes llegan a conocer la península. El impacto es doble: institucional y emocional”, señalaron.
En contraste, remarcaron que no existen conflictos con otros miradores ni con el resto de los propietarios. De hecho, se continúan realizando obras y mejoras en sectores como Caleta Valdés, Punta Norte, Isla de los Pájaros y el Istmo, donde recientemente se inauguraron refacciones, sanitarios nuevos y obras de infraestructura ambiental y cloacal.
Respecto al aspecto legal, las autoridades reconocieron que se trata de una situación compleja, ya que se cruzan intereses privados con espacios de uso público dentro de un área protegida y reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, aclararon que el conflicto no afecta directamente el estatus internacional del área, sino que responde a una disputa de carácter privado.
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ILUSTRATIVA / Administración Península Valdés
“El camino judicial es el último recurso y no era el objetivo”, explicaron, al recordar que en la mesa de gestión participan municipios, cámaras empresarias, prestadores privados y el Estado provincial. “Si judicializáramos cada conflicto perderíamos credibilidad, pero en este caso no quedó otra alternativa”.
Las autoridades también recordaron que el sector ya había sido cerrado de manera temporal en octubre pasado, pocos días antes de las elecciones, lo que consideraron un antecedente que anticipaba la decisión actual. En plena temporada alta, con arribo de cruceros y gran afluencia de turistas, el cierre genera un impacto directo en la experiencia de los visitantes.
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Pese a este escenario, desde la Administración remarcaron que la oferta turística de Península Valdés sigue vigente y en crecimiento con inversiones sostenidas, nuevos sistemas de gestión, modernización del acceso y el desarrollo de un sistema de ticket electrónico que se implementará una vez finalizada la temporada para evitar complicaciones operativas.
“La prioridad es defender el turismo regional, cuidar el patrimonio y seguir ampliando la oferta, no achicarla”, concluyeron.