El ex ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, lanzó duras críticas contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y rechazó de plano uno de los principales argumentos oficiales, que sostiene que los cambios servirán para reducir el empleo informal. “Es una mentira”, afirmó, y sostuvo que la iniciativa no contiene ningún artículo destinado a combatir la informalidad, sino que, por el contrario, “saca a los trabajadores de la protección de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Tomada realizó estas declaraciones en diálogo con Actualidad 2.0, luego de escuchar la referencia a la postura del dirigente petrolero Marcelo Turchetti, secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral, quien se manifestó a favor de “probar” la reforma laboral. El exfuncionario nacional admitió que le hubiera interesado escuchar directamente ese planteo, al que refutó de plano.
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“No hay un solo artículo contra la informalidad”
Para Tomada, el discurso oficial sobre la informalidad carece de sustento normativo. “No entiendo por qué dicen que va a disminuir el trabajo informal cuando no hay ningún artículo que vaya en contra de la informalidad”, sostuvo. En cambio, advirtió que el proyecto introduce mecanismos que debilitan la protección legal de los trabajadores.
Como ejemplo, mencionó la validación de contratos de locación de obra y de servicios, que históricamente fueron considerados por la jurisprudencia como relaciones laborales encubiertas. “Eso es un fraude a la ley”, afirmó, y señaló que con la Ley Bases y el espíritu de la reforma laboral esos contratos pasan a ser considerados válidos entre partes “supuestamente iguales”, aun cuando -remarcó- no existe una relación de fuerzas equilibrada entre empleador y trabajador.
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El caso de los trabajadores de plataformas
Ámbito
Uno de los puntos que más preocupación le genera al exministro es la situación de los trabajadores de plataformas digitales. Según explicó, lejos de reconocer nuevos derechos, la reforma los excluye directamente del marco laboral. “No los reconoce como trabajadores, les dice que son independientes y los saca de la Ley de Contrato de Trabajo”, afirmó.
Tomada contrastó esa postura con lo que ocurre en otros países. “En España, México, Portugal y otros lugares se está regulando esta nueva forma de organización del trabajo, pero nadie dijo que tenga que ser con trabajadores sin derechos”, subrayó, y calificó como “mentira absoluta” cualquier afirmación en sentido contrario.
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Una ley que se discute sin conocerse
El exministro también cuestionó el proceso legislativo y la falta de transparencia del proyecto. Señaló que, a menos de 24 horas del inicio del debate, el texto definitivo aún no era de conocimiento público. “¿Cómo una ley de esta importancia se va a conocer recién en el recinto?”, se preguntó, y consideró que esa situación revela un “nivel de oscuridad” preocupante.
En ese marco, comparó el escenario con el de la llamada “ley Banelco”, aprobada durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que luego fue derogada durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo. “No digo que haya ocurrido lo mismo -aclaró, en referencia a los sobornos que presuntamente se pagaron por aquella ley de reforma laboral-, pero se parece bastante: negociaciones por afuera, con interlocutores que no corresponden”, afirmó.
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Negociaciones políticas y advertencia constitucional
Tomada apuntó además al rol de los gobernadores en la discusión, vinculando el tratamiento de la reforma laboral con negociaciones paralelas sobre recursos fiscales y obra pública. “¿Se intercambian derechos de los trabajadores por kilómetros de obra pública o por suprimir un capítulo del impuesto a las Ganancias?”, planteó.
Desde el punto de vista jurídico, fue categórico: consideró que el proyecto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, convenios de la OIT y tratados internacionales.
“Es una ley que nace con inseguridad jurídica”, advirtió, y sostuvo que, lejos de reducir conflictos, puede multiplicar los litigios laborales. “Han abierto una caja de Pandora”, resumió.
Indemnizaciones y despido arbitrario
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Otro de los ejes de su crítica estuvo centrado en el sistema de indemnizaciones. Tomada rechazó la idea de reemplazar el pago directo por fondos de cese laboral, al considerar que eso desvirtúa el principio constitucional de protección contra el despido arbitrario.
“La indemnización tiene que ser disuasoria. Si no, al empresario le da lo mismo despedir o no despedir”, explicó.
Según afirmó, el pago de la indemnización cumple una función de protección y de sanción frente al despido sin causa, y eliminar ese carácter va en contra del espíritu constitucional.
“Estoy muy angustiado por lo que viene”
Sobre el cierre, Tomada expresó su preocupación por la aparente pasividad social frente al debate. “Nunca pensé que íbamos a llegar a esta instancia”, confesó, y dijo sentirse “muy angustiado” por el impacto que la reforma puede tener en la relación laboral.
“Vacacionar no es un privilegio, cobrar una indemnización no es un privilegio”, enfatizó, y cuestionó que se presente como solución un modelo que, a su juicio, apunta a un trabajador sin derechos. “El modelo de trabajo que quieren ‘los Macri y los Milei de la vida’ es el trabajo informal”, afirmó.
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Finalmente, sostuvo que el desenlace aún es incierto y que habrá que esperar el resultado del debate y de la movilización convocada para las próximas horas. “Habrá que luchar, como tantas veces, para recuperar derechos que ahora llaman privilegios”, concluyó.