La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal federal del distrito sur de Nueva York, convocó de manera urgente a una audiencia de descubrimiento para el próximo 15 de julio a las 10:00 (hora local) en la sala 12A del edificio judicial. El encuentro fue solicitado por los fondos demandantes en el caso por la expropiación de YPF, que buscan acceder a más información sobre ciertas entidades estatales argentinas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con miras a ejecutar posibles embargos sobre activos.
Los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina por la estatización de la petrolera en 2012 insisten en que el país debe cumplir con la información que ya fue respondida parcialmente, según consta en los expedientes. Esta nueva audiencia llega poco después de que la Argentina apelara la orden judicial que la obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes.
Juicio por YPF: los demandantes buscan información de empresas estatales
Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el conflicto, la audiencia buscará destrabar el acceso a datos que podrían sustentar la acusación de que ciertas entidades públicas actúan como “alter ego” del Estado argentino. Si esto se confirma, podrían ser utilizadas como objetivo de embargos para saldar la millonaria deuda impuesta por el tribunal.
“Cuando Milei asumió como presidente, el gobierno saliente ya había apelado el fallo de Preska por u$s16.000 millones. La jueza ofreció al nuevo gobierno la posibilidad de presentar una garantía para poder seguir apelando sin exponerse a embargos. Milei decidió no avanzar con esa garantía, por lo que comenzaron las medidas contra activos argentinos. Ya hubo dos pedidos de embargo: uno sobre las acciones de YPF -que fue autorizado recientemente- y otro que busca declarar a ciertas entidades como alter ego del Estado para también poder embargarlas”, detalló Maril.
Este jueves, también se conoció que la Argentina presentó una apelación formal contra la orden de Preska que obliga a entregar el control accionario estatal de YPF. La presentación fue realizada el 9 de julio ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, a través del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa legalmente al país.
La apelación fue ingresada incluso antes de que la jueza se pronuncie sobre un pedido de “stay” solicitado por el equipo legal argentino, que busca frenar la ejecución del fallo mientras se define su validez definitiva. Esta estrategia forma parte del proceso judicial impulsado por Burford Capital y Eton Park, los fondos que adquirieron los derechos a litigar luego de que empresas afectadas les cedieran su reclamo.
Causa por YPF: el fallo que obliga a Argentina a pagar u$s16.000 millones
La causa madre se originó en la expropiación de YPF llevada a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023, tras años de litigio, la jueza Preska falló en contra del Estado argentino por supuesta mala praxis en el proceso de estatización, y lo condenó a pagar una suma cercana a u$s16.000 millones, en su mayoría a Burford Capital.
Desde entonces, el expediente avanzó en paralelo a las apelaciones, con nuevos planteos de los fondos demandantes, que buscan negociar con Argentina desde una posición de fuerza. Como publicó Infobae, en la Casa Rosada no se descarta que, incluso tras la presentación ante la Cámara, Preska exija ahora alguna garantía para aceptar el “stay”. Si esto ocurriera y el país no la presentara, la Argentina podría ser declarada en desacato, si así lo pidieran los demandantes.
Esa eventualidad podría agravar aún más la imagen internacional del país, justo en un contexto en el que el Gobierno busca reabrir el acceso al crédito internacional y fomentar nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos como Vaca Muerta.
Desde el oficialismo apuntan contra sectores locales que, según interpretan, actúan en sintonía con los fondos litigantes. “Hay buitres domésticos que operan por intereses políticos, económicos o coyunturales. Alimentan la estrategia de los fondos con sus declaraciones o maniobras”, sostienen cerca del Presidente.
Entre los señalados mencionan al gobernador Axel Kicillof, a exfuncionarios, estudios jurídicos privados, analistas y empresas del sector energético que, según esa visión, podrían tener intereses en desestabilizar a YPF para obtener beneficios futuros si se avanza con una eventual transferencia accionaria.
Como parte de su estrategia de defensa, el Gobierno argentino planea solicitar al Ejecutivo de EE.UU. que presente una opinión ante la Corte, como ya sucedió durante la presidencia de Joe Biden. Desde la Casa Rosada insisten en que no habrá negociaciones extrajudiciales.
“No se va a negociar nada. La estrategia es 100% judicial. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de los marcos legales. Hay demasiados actores especulando con un acuerdo para sacar tajada. Acá se cruzan intereses corporativos, políticos y del sector petrolero”, aseguran.