18 diciembre, 2025

Procesaron a Marcelo Moretti por administración fraudulenta en la causa por corrupción en San Lorenzo

La Justicia dictó el procesamiento del presidente del club de Boedo por una presunta coima de u$s25 mil para fichar a un juvenil. Le impusieron un embargo millonario y una prohibición de salida del país, en medio de una grave crisis institucional.

  • Moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de San Lorenzo, en medio de la crisis institucional

  • Fin de una crisis, comienzo de otra: renuncias masivas, Moretti dejó la presidencia y hay acefalía en San Lorenzo

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, fue procesado por administración fraudulenta tras una investigación judicial que también derivó en medidas patrimoniales y restricciones personales.

La jueza Laura Bruniard resolvió este miércoles procesar a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, por el delito de administración fraudulenta, en el marco de una causa que lo investiga por el presunto cobro de una coima de u$s25 mil vinculada al fichaje de un jugador en las divisiones inferiores del club.

La decisión judicial se adoptó a partir de un pedido de la fiscal Mónica Cuñarro y se conoció en un contexto de fuerte convulsión interna en la institución de Boedo, que atraviesa una situación de acefalía tras la renuncia de 14 integrantes de la Comisión Directiva. Si bien Moretti continuará en libertad, la magistrada ordenó un embargo por 38 millones de pesos y le impuso la prohibición de salir del país.

Qué plantea la fiscalía

En su resolución, Bruniard sostuvo que Moretti incumplió los deberes propios de su cargo. Según planteó la Fiscalía, el dirigente tenía la obligación legal y estatutaria de resguardar los intereses patrimoniales del club, pero habría actuado en sentido contrario al priorizar un beneficio personal.

De acuerdo al procesamiento, el presidente de San Lorenzo se habría aprovechado de su posición institucional para recibir el dinero y apropiárselo de manera ilegítima, configurando una apropiación indebida de recursos en el marco del ejercicio de su función. La jueza consideró que la maniobra fue deliberada y ejecutada con pleno conocimiento de su ilegalidad.

El expediente, además, estuvo atravesado por una disputa judicial sobre quién debía investigar el caso. La indagatoria de Moretti fue uno de los puntos más controvertidos del proceso, con reiteradas postergaciones y apelaciones. El 25 de noviembre pasado, en una audiencia realizada por Zoom, el dirigente se negó a responder preguntas en el quinto intento de la Justicia por indagarlo.

En paralelo, el caso generó un conflicto de competencia entre dos investigaciones. Por un lado, el fiscal Maximiliano Vence, del Ministerio Público Fiscal porteño, inició un expediente de oficio tras la difusión de una cámara oculta en un programa televisivo y ordenó un allanamiento en el domicilio de Moretti, donde no se encontró su teléfono celular.

Por otro lado, la causa que quedó en manos de Cuñarro y Bruniard se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado César Francis, dirigente opositor en San Lorenzo. En ese expediente se incorporó información clave, como un informe de la AFA que confirmó que el jugador juvenil involucrado fue efectivamente fichado por el club. La empresaria madre del futbolista declaró en la causa, intentó desligar al dirigente y sostuvo que la situación había sido una broma.

La defensa de Moretti, encabezada por el penalista Gastón Marano, insistió para que la investigación quedara radicada en el fuero porteño. Sin embargo, en septiembre pasado, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que el expediente debía continuar en el juzgado de Bruniard. Aun así, la cuestión volvió a ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y el análisis quedó en manos del juez Luis Lozano.

Tras conocerse el procesamiento, Marano cuestionó con dureza la decisión judicial y vinculó el avance del expediente con el escenario político e institucional del club. Según afirmó, aún no está resuelta la competencia y los tiempos en los que se adoptaron las medidas responden más a presiones externas que a criterios jurídicos, declaraciones que fueron difundidas por Infobae.

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