El beneficiado era el encargado de distribuir la gaseosa en la región del Cuyo. Los intereses moratorios representan más de dos tercios de la suma total. La decisión llega después de la media sanción de la reforma laboral que limita estas acciones.
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Manos es una de las compañías de bebidas de capital nacional de mayor envergadura del país.
En medio de la discusión por la reformulación de los cálculos indemnizatorios en las relaciones laborales de la Argentina, un fallo judicial determinó que la compañía Refres Now S.A. (que contiene las firmas Manaos, Villamanos, Bichi y Cunnington) pague una suma de $807.676.293 en concepto de indemnización a un extrabajador.
La medida dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza determinó que existieron “maniobras fraudulentas” para concretar el “despido indirecto” de un empleado que durante nueve años se encargó de la distribución de las bebidas en las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa.
En ese marco, se comprobó que la compañía cambió la categoría del trabajador de “Viajante de Comercio” a una inferior, la de “Promotor”, en el proceso de litigio en el que intervino el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Ante ese “artilugio” en el acuerdo de desvinculación, el fallo judicial interpretó y aplicó el principio de “primacía de la realidad”, señalando que el empleado no había dejado de cumplir sus funciones y que se intentó reducir costos a partir de su recategorización y el ocultamiento de su verdadera antigüedad.
El proceso judicial inició en 2022 y terminó fallando a favor del trabajador de la compañía, quien también es un supermercadista mendocino. Las costas de capital ascienden a $223.419.076, mientras que los intereses moratorios alcanzan los $584.257.217 (una suma cercana a la mitad del cálculo previo). En su decisión, la Justicia mendocina rechazó el pago en cuotas de la indemnización.
Qué dice la reforma laboral sobre indemnizaciones
El fallo se conoce tras la media sanción que obtuvo el proyecto de reforma laboral del oficialismo en el Senado. Aunque resta la votación en la Cámara de Diputados para que se convierta en ley, la redacción de la propuesta establece un nuevo marco regulatorio para las indemnizaciones.
En ese marco, se redefine la remuneración para el cálculo indemnizatorio. El texto establece que solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, excluyendo ítems no mensuales como el aguinaldo (SAC) o las vacaciones. Además, se fija que la indemnización será la única reparación por despido sin causa, lo que busca limitar reclamos adicionales.
Patricia Bullrich La Libertad Avanza Senado
El Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.
Senado
Por otro lado, se propone la creación del fondo de cese laboral, un esquema en el que el empleador deposita mensualmente un aporte en una cuenta individual a nombre del trabajador. Ese dinero puede utilizarse no solo ante un despido, sino también en caso de renuncia e incluso como complemento jubilatorio al final de la vida laboral. La Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó fondos comunes de inversión para canalizar estos recursos, estableciendo que el dinero sea inembargable.
Otro instrumento creado es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con un aporte mensual a cargo del empleador equivalente al 1% para grandes empresas y al 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Los recursos se depositarán en una cuenta específica del empleador y podrán invertirse en instrumentos financieros autorizados. El objetivo es que ese fondo cubra total o parcialmente las indemnizaciones en caso de despido. El sistema prevé sanciones para empleadores que utilicen indebidamente los fondos o los canalicen hacia entidades vinculadas.
En términos fiscales y previsionales, el punto más controvertido es que el esquema implica una reconfiguración del destino de aportes que hoy se dirigen al sistema jubilatorio. Para sus críticos, el mecanismo supone que el Estado termine asumiendo indirectamente parte del costo de los despidos privados al resignar recursos que alimentan el SIPA. Para el oficialismo, en cambio, se trata de un esquema que brinda previsibilidad, reduce litigiosidad y fomenta la contratación formal.