Republicanos Unidos presentó una demanda en la que argumentó que el presunto maltrato ejercido por el expresidente “constituiría un hecho ilícito”. También advirtió que “habría gozado de la protección de quienes custodiaban al Presidente y su familia”.
07 de agosto 2024, 21:16hs
El expresidente Alberto Fernández sumó este miércoles una nueva denuncia en el marco de la investigación por violencia de género contra su exesposa Fabiola Yáñez. La presentación judicial la hizo Republicanos Unidos, por incumplimiento de deberes de funcionario público, al considerar que “constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción o por omisión, habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia”.
En el escrito, la agrupación liberal pide que la Justicia investigue el “daño” que su conducta “podría haber infligido a la administración pública”, y que, ”en caso de corresponder, se apliquen al denunciado las más severas sanciones previstas por la legislación”.
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“Buscamos que se investiguen estos graves hechos y que se haga justicia por las víctimas de todo tipo de violencia, independientemente de quién sea el acusado. Es fundamental que los funcionarios públicos no solo sean idóneos en su aspecto profesional, sino también en su conducta moral”, señaló José Lucas Magioncalda, abogado e integrante del partido.
Qué dice la nueva denuncia contra Alberto Fernández
La denuncia -que lleva además de la firma de Magioncalda, las de Mariana Soledad Crispulo, Gabriel Alejandro Salvatore, Mariano José Mizrahi, Ximena de Tezanos Pinto, Felipe Odriozola, Carlos María García y Juan Martín Fazio, y fue preparada por el legislador porteño, Yamil Santoro- detalla que se “habría encontrado fotos y videos que parecen confirmar golpes de Alberto Fernández a su pareja Fabiola Yáñez mientras era presidente y convivían en la Quinta de Olivos”.
También menciona que “la exprimera dama, habría dicho que no quería denunciar al expresidente, sin embargo, lo hizo luego” y que la causa fue caratulada “averiguación de delito” y cita la nota de TN que reveló que Yáñez dijo “estar padeciendo lo que definió como ‘terrorismo psicológico’ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria”.
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“La eventual agresión física a su pareja, por parte del denunciado, de haber existido, constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción o por omisión, habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia, todos ellos funcionarios que estaban a las órdenes del propio Presidente de la Nación. Y más aún, todo lo dicho habría ocurrido al amparo de un edificio público que había sido puesto al servicio del Primer Mandatario como vivienda, pero no como aguantadero para la comisión de ilícitos”, agregó.
En cuanto al propio expresidente, considera que “la eventual agresión física a la entonces Primera Dama, por parte del Primer Mandatario, constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamentario, tales como el deber de utilizar la función y los bienes asignados al denunciado con fines lícitos y sin abusar de ellos para la comisión de ilícitos, el deber de rectitud, el deber de evitar acciones que desprestigien la función pública, el deber de seguir conductas que no puedan ser objeto de reproche, el deber de no adoptar represalias, a menos que las mismas emanen del ejercicio del cargo, y el deber de llevar adelante una conducta digna y decorosa”.
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Bajo esos argumentos, la agrupación libertaria pide a la Justicia “una investigación del hecho, no por su carácter de ‘violencia de género’, en razón de lo cual, la presunta víctima ya ha realizado la correspondiente denuncia, sino por el daño que dicha conducta podría haber infligido a la administración pública, a las instituciones de la República, a la confianza pública y, en general, a nuestro sistema constitucional”.