3 abril, 2025

Amnistía Internacional se sumó al reclamo de los jubilados

A causa del plan de recorte económico feroz que ha implementado la gestión del presidente Javier Milei, cada semana, los jubilados de todo el país salen a protestar para exigir una jubilación digna que les permita cubrir sus necesidades básicas. Marchas que hasta el momento, sólo han resultado en represión y hasta en la descontinuación tanto del sistema de moratorias previsionales como el de asistencia en subsidios estatales para los remedios.

En este marco, la organización humanitaria Amnistía Internacional lanzó un petitorio a nivel mundial, conocido como Acción Urgente (AU), para que los senadores y diputados del Congreso de la Nación impidan el vencimiento de las moratorias previsionales, previsto para el próximo 23 de marzo o promuevan un sistema alternativo que garantice condiciones de vida adecuadas para las personas mayores. La organización lo solicita ante los riesgos que esto representa para la garantía del derecho a la seguridad social y a un nivel adecuado de vida para los adultos mayores.
De no prorrogarse la moratoria previsional o reemplazarse por un sistema alternativo, quienes no cumplan con los 30 años de aportes no podrán acceder a la jubilación. Por ello, la organización pide al Congreso que actúe y garantice un nivel de vida adecuado para las personas mayores.

Consecuencias fatales

Este miércoles pasado no se logró quorum en la Cámara de Diputados para discutir la prórroga de la moratoria y la ampliación de la cobertura de medicamentos de PAMI. Si el Congreso no actúa, el 69% de las mujeres y el 50% de los hombres no se jubilarán a los 60 ó 65 años, teniendo que optar por alternativas que están lejos de cubrir las necesidades básicas. Ante una situación de emergencia en la cual más del 63% de los jubilados son pobres, es urgente que el Congreso priorice la protección de las personas mayores.

“La política de ‘ajustar a los ajustados’ carece de una perspectiva fiscal que priorice los derechos humanos, dejando de lado a quienes, por diversas razones, no han acumulado suficientes aportes a lo largo de sus trayectorias laborales. Muchos de estos casos se deben al trabajo informal, donde los empleadores no realizaron las contribuciones correspondientes, o a tareas de cuidado no remuneradas y no registradas. ¿Por qué castigar a las personas vulnerables? Especialmente, se trata de adultos mayores, quienes, en lugar de disfrutar de los frutos de una vida de trabajo, se ven obligados a salir a protestar cada semana”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La Acción Urgente (AU) es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional (AI) por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. De esta manera, AI activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate.

El adiós a la moratoria

En Argentina los varones pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60 años, con 30 años de aportes o a través de moratorias previsionales. Justamente, las moratorias son políticas públicas para garantizar el acceso a la jubilación a personas que no cumplen con los 30 años de aportes. Su objetivo es reparar situaciones de inequidad frente a las consecuencias de trayectorias laborales desiguales en un país donde más del 47 % del mercado laboral se realiza de manera informal.

La dificultad de los trabajadores para alcanzar los años de aportes para acceder a una jubilación ha sido señalada en el último informe de ANSES, que destaca el bajo nivel de cobertura del régimen contributivo, señalando que por ello el 50% de los varones y el 69% de las mujeres en edad jubilatoria no podrán acceder a un beneficio contributivo. De los datos procesados sobre jubilaciones otorgadas en diciembre de 2024, solo alrededor del 30% de las jubilaciones fueron otorgadas sin acudir a una moratoria previsional.

El próximo 23 de marzo vence el plazo de las moratorias establecido en la Ley 27.705 sancionada en 2023. De no prorrogarse la moratoria previsional o reemplazarse por un sistema alternativo, quienes no cumplan con los requisitos para jubilarse sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. En febrero de 2025, el monto de la PUAM se fijó en $218.000, y la jubilación mínima en $273.000, montos alejados del ingreso necesario para evitar la pobreza según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticos y Censos) que es de $334.000. Es decir, aquellos adultos mayores cuyo único ingreso es la jubilación mínima están muy por debajo de la línea de pobreza; de no prorrogarse las moratorias, la mayoría de los futuros jubilados, tanto hombres como mujeres, percibirán aún menos.

Aunque el fin de las moratorias impactará en quienes no tengan aportes suficientes por informalidad y/o trayectorias personales específicas, se observa que tendrá un impacto desproporcionado en las mujeres, ya que tienen mayores tasas de informalidad que los hombres. Según datos oficiales, sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse (entre 55 y 59 años) cuenta actualmente con más de 20 años de aportes jubilatorios.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional realizado durante el primer bimestre de 2024 ($ 3.869.000 millones, a pesos de febrero) estuvo explicada en un 43% ($ 1.682.000 millones) por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones, que fue del 33% en comparación con el primer bimestre de 2023. En este sentido, se observa que una parte significativa del ajuste en curso se sostiene en la licuación de los ingresos de los adultos mayores.

Una vez más quienes más pierden son las y los adultos mayores. El ajuste siempre es con ellos. Ninguna gestión ha dado prioridad a la protección de los jubilados. Amnistía Internacional recuerda las obligaciones internacionales del Estado argentino, de respetar y garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado para las personas adultas mayores, aún en tiempos de crisis.

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