La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de Cristina Kirchner para que le saquen la tobillera electrónica y le permitan visitas ilimitadas en San José 1111 donde se encuentra arresto domiciliario en cumplimiento de la sentencia acusatoria del caso Vialidad. Así, el máximo tribunal penal convalidó lo que ya había fallado respecto a estas medidas restrictivas que son resultado del cumplimiento de la condena por corrupción. A la expresidenta sólo le queda ir a la Corte en queja, con remotas posibilidades de éxito.
La defensa de Cristina presentó ante la Casación un recurso extraordinario con la idea de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para que se revise el fallo del 11 de julio en el que los jueces Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron que mientras cumpla la morigeración de su pena en el departamento del barrio de Monserrat, la ex presidenta debe estar monitoreada a través de un dispositivo electrónico.
Aquella apelación del abogado Carlos Beraldi también exigía que no exista un régimen de visitas para Cristina. En la actualidad, toda persona que no está incluida en el listado avalado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) -que ejecuta la pena del caso Vialidad- debe requerir autorización para ingresar a San José 1111.
La pretensión del recurso interpuesto, es que el máximo tribunal revise ese fallo. Pero también, en el escrito solicitó la recusación de los tres integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En la sentencia impugnada, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado -por mayoría- el recurso de casación interpuesto por los representantes de Cristina Kirchner.
El voto mayoritario de la sentencia, de los jueces Hornos y Barroetaveña, fundó el rechazo al considerar que tanto las restricciones a “las visitas como el uso de la tobillera electrónica permiten un control judicial efectivo”. En tanto, el juez Borinsky votó en disidencia y recordó que la ex mandataria “cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina”.
El primero en responder al planteo de la defensa de la ex presidenta fue el fiscal general ante la Cámara, Mario Villar. Como contó Clarín, señaló que el recurso era “inadmisible” al “no tratarse de una sentencia definitiva o equiparable”.
En ese mismo sentido votaron ahora los jueces Hornos y Barroetaveña. Señalaron que la medida cuestionada “no supone una restricción irrazonable al derecho a la dignidad humana sino que prevé una regulación ordenada y razonable sobre quien accede al domicilio en atención a la naturaleza excepcional de la prisión domiciliaria y a los fines propios de la ejecución penal”.
En su anterior fallo los magistrados recordaron que la tobillera y las visitas restringidas son resultado del cumplimiento de una sentencia condenatoria.
En disidencia votó el juez Borinsky, tras advertir “cuestiones de índole federal -garantías constitucionales previstas en el derecho a la privacidad y a la intimidad, según el artículo 19 de la Constitución Nacional- que habilitan la intervención de la Corte”.
Finalmente, la Sala IV tuvo presente el planteo de recusación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cristina se encuentra presa desde el 11 de junio, cuando el juez federal Jorge Gorini ordenó su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario en cumplimiento con la condena del caso Vialidad.
A la ex presidenta se le atribuyó el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años de cárcel. Hace una semana se venció el plazo para el pago del decomiso, fijado en 537 millones de dólares. Como ninguno de los nueve condenados depositó lo exigido por el TOF 2, el juez Gorini comenzará con la ejecución patrimonial hasta cubrir dicho valor.