Ingresó a la Legislatura de Chubut un proyecto de ley que propone establecer una nueva política de soberanía energética en la provincia, con el objetivo de aprovechar de forma eficiente sus recursos naturales y garantizar el acceso equitativo a la energía en todo el territorio.
La iniciativa impulsada por el gobernador Ignacio Torres busca sentar las bases de una gobernanza basada en la eficiencia energética, incorporando fuentes como la energía hídrica, eólica, solar, mareomotriz y geotérmica, y promoviendo el desarrollo de vectores energéticos de futuro como el hidrógeno verde.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECH S.A.), que tendrá la misión de centralizar y coordinar el desarrollo del sector electroenergético provincial, integrando la gestión pública y privada. Además, se propone la creación del Mercado Eléctrico Mayorista Regional de Chubut (MEMC).
Desde el Ejecutivo advierten que actualmente más del 85% del territorio provincial se encuentra fuera del sistema interconectado nacional, dependiendo de sistemas aislados, costosos y ambientalmente insostenibles. Esta situación genera desigualdad en el acceso a la energía y limita el desarrollo productivo de más de 25 comunidades.
El texto destaca que, si bien la provincia cuenta con herramientas jurídicas y financieras, estas se encuentran dispersas y sin una coordinación orgánica, lo cual impide avanzar en un esquema integral de desarrollo energético.
La propuesta oficial considera que la transición energética debe ser acompañada por innovación tecnológica, participación ciudadana, cooperación internacional y la creación de empleo genuino. En ese marco, se plantea que la ley será clave para reducir la huella de carbono y fomentar una integración territorial que garantice igualdad de oportunidades para todos los chubutenses.
Plan estratégico
La normativa contempla la implementación de un Plan Electro Energético Provincial, que definirá prioridades, metas y proyectos específicos para garantizar una planificación armónica del desarrollo energético. Este plan será coordinado por la autoridad de aplicación y deberá actualizarse de manera continua mediante análisis y consensos interinstitucionales.
Además, se instituye la elaboración del Informe Energético Anual, un documento técnico que deberá contener el estado de situación de la infraestructura energética, el grado de ejecución de obras de generación, transporte y distribución, y las proyecciones a corto y mediano plazo. Las distribuidoras deberán remitir informes propios con diagnóstico y planes de inversión.
Se propone además la creación de un Sistema de Información Energética Provincial, que centralizará datos sobre la administración, recursos, actores y gestión del sistema energético, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia.