Gladys (45) perdió su pierna izquierda por un accidente a los 17 años. “Tenía una pensión desde 1998. Este mes fui a cobrar y no había nada depositado. Me acerqué hasta Anses y me dijeron que me habían dado de baja porque no me presenté al lugar en el que me habían citado, pero no me habían citado en ningún lugar”, explicó a PERFIL. “Al día siguiente llegó un correo a mi casa con una carta que informaba que me daban de baja la pensión porque no me presenté”.
Hasta junio, según la respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a un pedido de acceso a la información pública que realizó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se habían enviado 834.157 cartas documento en el marco de las auditorías por las pensiones por discapacidad, pero, por distintos motivos, 385.993 –el 46,3%– no pudieron ser entregadas. Sin embargo, el 8 de agosto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que habían dado de baja 110 mil prestaciones.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
“Hay que analizar estas cifras en el marco no solo de lo que está pasando con el proceso de auditorías, en el que se registraron irregularidades graves, sino también de la modificación del marco normativo”, explica un documento de trabajo que está en proceso de elaboración y que compartió con este medio ACIJ. La suspensión del beneficio de Gladys es producto de estos dos factores: las cartas documento se entregan en lugares que no son los domicilios legales de las personas (incluso en instituciones de atención a la salud), no cuentan con las condiciones mínimas de accesibilidad y la nueva normativa habilita la baja por el solo hecho de no presentarse a la citación, pese a que a casi a la mitad de los destinatarios no les haya llegado. Distintas organizaciones solicitaron a Andis una pausa hasta tanto no se subsanaran estos problemas. “No tuvimos respuesta, tampoco las suspendieron. Al contrario, ahora están suspendiendo masivamente las pensiones”, detalló a este medio Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de ACIJ.
El decreto 843/24, continúa el documento de la Asociación, “volvió a instalar requisitos que ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia, como acreditar un porcentaje determinado de ‘disminución en capacidad laborativa’ o no tener parientes obligados a prestar alimentos”.
Como principal irregularidad, destacan, el proceso de auditorías no está regulado: no existe un documento oficial en el que se defina claramente las etapas, la metodología o los plazos. Además, no hay alternativa para quienes no puedan asistir de manera presencial a pesar de que muchos fueron citados a grandes distancias de sus domicilios.
Coimas en Discapacidad: conmoción en la Rosada con “el Jefe” en el ojo de la tormenta
“Algunas personas han tenido que ir a lugares lejanos y les solicitan estudios que no agregan mucho”, detalló a PERFIL Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Respecto a la cantidad de suspensiones, aseguró, “cada tanto el Gobierno saca un comunicado, pero la información es muy vaga”.
Después de reclamar, a Gladys le pidieron que presentara toda la documentación que acredite su discapacidad. Otra vez, como si algo hubiera cambiado. “Tuve que ir al hospital para que me atendiera un traumatólogo. Me dio todo lo que precisaba”. Mientras espera que le aprueben el trámite se quedó sin ingresos. “Yo vivo de mi pensión. Me manejo con muletas porque la prótesis que tengo se rompió. Vivo con mi hijo de 12 años que va a la secundaria y mi mamá de 71 años que tiene una jubilación mínima”, comentó. Desde ACIJ acotaron que “si bien circula información sobre cómo solicitar la restitución, las organizaciones estamos recibiendo denuncias de personas que envían todo, pero no obtienen respuesta. Y, aunque se decida eventualmente restablecer la pensión, las personas no cobrarán los meses que estuvo suspendida”.
Dentro de un universo de 5 millones, el 20% tuvo un beneficio
Entre los argumentos que el Gobierno repite de manera constante para justificar el ajuste en las pensiones está el del crecimiento en la cantidad que se entregan en el país.
Sin embargo, según los últimos datos del censo de población, el 12,9% de los argentinos tiene una discapacidad, lo que equivaldría a 5 millones de personas. De este total, solo el 20% accedió a una pensión. El porcentaje es muy inferior a la cobertura que, según un informe de la OIT, reciben las personas con discapacidad en el mundo: 38,9%. En algunos países llega incluso al 90%. Dos cuestiones principales explican el aumento del número de pensiones en Argentina, afirman desde ACIJ. La principal es que hasta 2003 existía un sistema de “alta por baja”. Es decir que hasta entonces el número de pensiones por discapacidad se mantenía estable, porque solamente ante la baja de un beneficio se otorgaba uno nuevo: el mecanismo dejaba afuera a miles de personas que cumplían los demás requisitos para acceder a este ingreso y lo necesitaban. Por otro lado, el país tuvo que adaptarse a las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que se ratificó en 2008. Ese instrumento internacional compromete al Estado a garantizar el acceso a la alimentación, vivienda y vestimenta de las personas con discapacidad, derechos que difícilmente tienen garantizados por otros medios. Más del 75% de las personas con discapacidad están desempleadas o tienen empleos precarios no por incapacidad laboral, sino por falta de accesibilidad. Las pensiones por discapacidad perdieron, además, 10 puntos respecto a la inflación. Contando el bono pasaron de los $ 227 mil a los $ 286 mil entre agosto de 2024 y el mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 25,9% contra un aumento de precios del 36,6%.
Números
- 12,9 Es el porcentaje de argentinos con alguna discapacidad.
- 110.000 Fueron las prestaciones que anularon, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
- 853.157 Fueron las cartas documento enviadas por los auditores, pero hubo 385.993 que no pudieron ser entregadas.
- 46,3 Es el porcentaje que significan las casi 366 mil comunicaciones que no llegaron. Igualmente quitaron el beneficio.