La condena firme a Cristina Kirchner impactó en la imagen internacional del gobierno de Javier Milei por vía doble. Por un lado, puso bajo la lupa la calidad democrática de la tercera economía de la región, una variable clave en su cruzada económica para atraer inversiones. Mientras que, si bien el Ejecutivo se desligó de la decisión de la Corte Suprema, se convirtió en foco de críticas de líderes progresistas pero también de elogios, en especial de referentes del gobierno de Donald Trump, cuya alianza es uno de los pilares de la política exterior libertaria.
El fallo de la Corte Suprema —que confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta en el marco de la causa Vialidad— no fue solo un terremoto político puertas adentro. En los márgenes de la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un evento clave de la diplomacia local realizado en el predio porteño de La Rural, la noticia atravesó las conversaciones entre embajadores, funcionarios, analistas y miembros del círculo rojo.
“Es un día triste”, coincidieron funcionarios del Gobierno presentes en el cónclave diplomático organizado por el anfitrión, el presidente del CARI, Francisco de Santibañes. Varios embajadores presentes también se mostraron en esa línea, evitando pronunciarse sobre la condena de la principal dirigente de la oposición, una semana después de haberse postulado a las elecciones legislativas. “Se trata de un asunto interno de Argentina”, fue la frase que circuló en función de la típica corrección política que blinda a los representantes internacionales.
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Silencio oficial, pero alineamientos visibles
En tanto, la situación procesal de Kirchner fue el elefante en la sala. Si bien públicamente el oficialismo mantuvo silencio o apuntó a la independencia judicial, el impacto fue inevitable: en plena mesa chica del CARI, la sentencia se coló como preocupación latente sobre cómo será percibida la Argentina, reconocida por los derechos humanos, en el tablero global, en función de la denuncia de persecución política contra la principal dirigente opositora.
En especial luego de que, en plena conmoción por la noticia, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, anunciara desde La Haya la estrategia internacional para intentar que algún organismo internacional —sea la CIDH o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU— un atisbo de esperanza a la expresidenta tras agotar todas las vías internas, en función de la presunta violación al debido proceso en la causa Vialidad.
“En ese caso, deberán contar con el apoyo de otros países para hacer la presentación. No será fácil“, se sinceró en off un alto funcionario del Gobierno, presente en la cena anual del distinguido think tank en política exterior.
Por su parte, Guillermo Francos fue uno de los primeros en hacer declaraciones públicas. Devenido en portavoz del gobierno libertario en un momento histórico, eligió subrayar que el fallo “ratifica la vigencia del sistema republicano y el respeto a una Justicia independiente“. El jefe de Gabinete representó al presidente, de gira por Israel y Europa, y al canciller Gerardo Werthein, un invitado natural al evento.
Francos, en tanto, siguió la línea que buscó despegar al Ejecutivo de cualquier intención de “persecución política” hacia la expresidenta. “Nosotros no nombramos ni a un juez de paz“, sostuvo en una charla con periodistas de la que participó PERFIL.
Detrás del off y de las palabras medidas, hubo otra dinámica: una estrategia de contención internacional. En ese sentido, una analista internacional que prefirió el anonimato reconoció que “se está evaluando una coalición internacional para hacer un reclamo en La Haya (NdR: en relación a Sheinbaum, Lula y Boric); hay que ver que una de las instancias es la Corte de La Haya. Ahí podría ser vinculante porque tienen que demostrar que no haya habido debido proceso”.
Argentina en la grieta global
El trasfondo internacional del fallo tiene una lectura más profunda: la sentencia ocurre en un contexto de fuerte alineamiento del gobierno de Javier Milei con el eje político e ideológico de Trump, Benjamín Netanyahu y otros líderes aglutinados en la “internacional reaccionaria”, en palabras de Juan Gabriel Tokatlián.
Esa cercanía, que el propio Milei ha reforzado con visitas, llamados y anuncios (como el polémico traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén), imprime una lógica de bloques. “La grieta global también se expresa en cómo se interpreta este tipo de decisiones judiciales”, explicó Ezequiel Magnani, especialista en relaciones internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.
“La política exterior de Milei es tan radical y explícita en su alineamiento con Estados Unidos e Israel, que los eventos de política doméstica tienden a ser interpretados bajo ese lente. Para el entorno de Trump, Cristina es una corrupta. Así que el fallo más que romper, refuerza esa alianza”, aseguró. En ese sentido, no sorprendió que senadores republicanos como Marco Rubio celebraran la decisión judicial desde redes sociales.
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En paralelo, las referencias simbólicas al lawfare, sostenido por el Grupo de Puebla, y a una justicia funcional al poder corporativo podrían deteriorar aún más la percepción externa. “La baja en la calidad democrática argentina generó una condena internacional de sectores pro-democráticos en el mundo. Pero, desde el plano simbólico, fortalece el vínculo con la línea que siguen Trump, Erdogan, Orban“, agregó Magnani en relación a líderes “populistas” acusados de utilizar las instituciones para perseguir opositores.
A nivel regional, Brasil lideró el rechazo al fallo de los tres cortesanos argentinos de alto impacto en la política regional. Según fuentes del Palacio del Planalto, desde el primer momento, consideraron que no se trató únicamente de un “asunto interno” de Argentina, tal como reza el derecho internacional. La línea, en tanto, la marcó el Instituto Lula, uno de las primeras instituciones en pronunciarse al respecto, que apuntó directamente contra el expresidente Mauricio Macri en un comunicado, por sus vínculos con los jueces involucrados en la causa Vialidad.
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Mientras tanto, el kirchnerismo se reagrupa. CFK ya anticipó su estrategia en un discurso reciente: “Lo que están preparando es cómo desarticular la organización popular y política que se va a producir, porque la historia demuestra que, más allá de la proscripción, el pueblo se termina organizando en defensa propia. El pueblo siempre regresa”, sostuvo tras conocerse el fallo.
La narrativa de la proscripción, que remite a los 18 años de exilio de Perón, ya comenzó a circular en redes y discursos militantes. Y preocupa al gobierno, considerando la posibilidad de que eleve el nivel de conflictividad social, lo que podría no solo devolver la centralidad política al kirchnerismo sino complicar la estabilidad necesaria para el programa económico.
Una es recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el antecedente de Gustavo Petro (quien logró revertir su inhabilitación como alcalde en Colombia tras una intervención de la CIDH) sugiere que los plazos son largos y los resultados, inciertos.