El Gobierno precisó que gastó unos 60 millones de pesos en el operativo de seguridad desplegado en la marcha del miércoles e insistió con que le enviarán las facturas a las organizaciones sociales y de izquierda para que lo paguen.
«Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía», sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada.
En esa línea, precisó: «Hay una estimación del costo en 60 millones de pesos y esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales».
También indicó el portavoz que el Gobierno realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de «extorsión» y «defraudación al Estado» contra 14 organizaciones sociales.
La denuncia -enfatizó Adorni- es en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales «se podrían relacionar directamente» con ese delito.
«Hemos hecho denuncias por extorsión y defraudación al Estado», puntualizó el vocero presidencial. La causa, según contó, está en el juzgado de Sebastián Casanello y el fiscal al frente de la investigación es Gerardo Pollicita.
Adorni, que adelantó que el Ministerio de Seguridad dará un informe detallado de los resultados del primer operativo en el que se aplicó el protocolo antipiquete, enumeró las 14 organizaciones sociales que participaron de la movilización.
Según su listado, marcharon hacia Plaza de Mayo el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cook, el MTR 12 de Abril, el movimiento Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie, Torres, el MET y el Movimiento Patria Justa.
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