Éste jueves, el Sendo de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, por una abrumadora mayoría de 63 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención. Sin dudas, este triunfo es producto de la lucha del colectivo de Discapacidad, que hace meses se viene movilizando. En un momento de crisis profunda del gobierno de La Libertad Avanza, por el conocimiento público de los audios que implican a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en un entramado de corrupción, en base a los medicamentos que compraba la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis).
Una multitudinaria manifestación se hizo presente en las inmediaciones del Congreso, y también se movilizaciones importantes en otras partes del país, como en la Ciudad de Córdoba. Aunque en jornadas anteriores, personas discapacidad y familiares fueron cobardemente reprimidas por la policía, la fuerza de la lucha siguió en aumento; estimulada a su vez por el escándalo de corrupción en la ANDis.
“Es Ley”, fue el lema con el que celebraron la victoria del colectivo.
“Sentimos una gran satisfacción y sentimos que la resistencia es disca que nació de nuestro colectivo, al igual que de jubilados, jubiladas, jubilades, y que logramos empujar que el Congreso cumpla con la manda popular, escuche la voz del pueblo y rechace el nefasto veto de Milei”, expresó Lorena Aguirre, abogada con discapacidad visual e integrante de la Asamblea Discas en Lucha. Y agregó: “Nos vamos a seguir organizando y exigiendo derechos hasta que tengamos una vida plena”.
De esta manera, la fuerza de la lucha y la movilización logró torcerle el brazo al ajuste del corrupto gobierno de La Libertad Avanza.
La norma conquistada, regirá en todo el territorio nacional y establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y es prorrogable por un año más. Establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha. A su vez se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.
Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% por ciento del haber mínimo jubilatorio. Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos. Y el El Poder Ejecutivo deberá financiar con recursos del Tesoro Nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
Por otra parte, los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad, por tiempo indeterminado, serán eximidos en un 50% del pago de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
También se establecieron criterios basado en la salud y un análisis integral de la situación socioeconómicas de los beneficiarios para encarar las auditorias de la ANDis.
Este importante triunfo del colectivo de personas con discapacidad, da un nuevo aliento a la posibilidad de que reviertan los despidos discriminatorios que sufrieron en la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy intervenida por el propio gobierno nacional.