En la Casa Rosada aseguran que buscarán estirar los plazos y llevar la controversia a la Justicia, pero esta semana se activó un mecanismo que no sucede hace 22 años. Los 63 votos que insistieron en el Senado por la ley que declara la emergencia en discapacidad cerraron el círculo que comenzó en Diputados para dejar sin efecto al veto que había firmado el presidente Javier Milei. Ahora deberá promulgar la nueva norma y aplicarla, o ganar tiempo. Sin embargo, los beneficios que incluyen la nueva norma aumenta la inquietud de profesionales y prestadores del sector, además de los pensionados.
Establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad. Los principales puntos de la norma son un desafío para el Gobierno, que había amagado con aplicar un aumento de las prestaciones y las pensiones antes del rechazo al veto en Diputados.
La emergencia dura hasta el 31 de diciembre del 2026 con actualizaciones que compensan la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 hasta ahora.
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La deuda con los prestadores se deberá actualizar mensualmente, con los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices del Indec.
Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos. El Poder Ejecutivo deberá financiar con recursos del Tesoro una compensación de emergencia a los prestadores.
La norma ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad una auditoría para realizar “una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud”.