Durante el fin de semana ya lo habían adelantado las empresas periodísticas chupamedias del Gobierno. Finalmente este martes Javier Milei y Patricia Bullrich publicaron en el Boletín Oficial el Decreto 383/2025 que modifica el Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), cuya versión anterior databa de 1958. Junto al Presidente y su ministra de “Seguridad Nacional”, el decreto también lo firma el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Hace dos años hicimos un pormenorizado prontuario de la PFA, fuerza que en sus 81 años de existencia acumula una ininterrumpida participación en crímenes atroces, corrupción por donde se mire y hasta complicidad con los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). Para no hablar de su destacado rol en el genocidio perpetrado en Argentina hace cinco décadas. Todo impune. Invitamos a ver aquel informe y otros publicados acá y acá.
El nuevo decreto del Gobierno no busca “lavar” esa imagen de la fuerza ni mucho menos terminar con su nefasta historia. Todo lo contrario. Al habilitar el espionaje ilegal y la detención arbitraria “por las dudas”, los parlanchines de la “libertad” en verdad en lo único que avanzan es en darle a La Federal mayor poder represivo, extorsivo y criminal. No es que ésa y el resto de las fuerzas federales (junto a sus primas provinciales) no lo hagan desde hace décadas. Pero ahora se “blanquea” de forma temeraria.
En un contexto de profunda crisis, donde las calles se llenan cada vez más de movilizaciones por los crecientes conflictos laborales, sociales y ambientales; y en el marco de un régimen que avanza en métodos de proscripción política a partir del escandaloso fallo contra Cristina Fernández de Kirchner; no es nada casual que se le dé más poder e impunidad a la PFA que apalea jubilades y niñes e incluso le arranca los ojos a balazos a quienes se movilizan contra el ajuste.
Te hablaban de libertad, pero resulta que ahora por decreto dicen que si no les gusta tu cara o como te vestís te declaran sospechoso y te meten en cana.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 17, 2025
Con la excusa de que el Estatuto de la Policía Federal databa de 1958 y que frente a las “nuevas amenazas delictivas” es necesario “modernizar” el reglamento interno de la PFA , el decreto 383 realiza modificaciones que violan garantías constitucionales y leyes como la de Inteligencia Nacional. Todo con la simple firma de Milei, Francos y Bullrich.
Encima, entre los considerandos del decreto se afirma que se busca consolidar una fuerza que se asemeje cada vez más al Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos. Como si el FBI fuera algo respetable y no un tentáculo operativo que cada inquilino de la Casa Blanca usa en beneficio propio. Y como si no tuviera también un frondoso prontuario en persecución y criminalización de los trabajadores y el pueblo pobre estadounidenses.
Además de modificar cuestiones de escalafón, organigrama, formación e incorporación de nuevos agentes, el nuevo Estatuto publicado en el Boletín Oficial (y por lo tanto ya vigente) incorpora una serie de tareas a realizar por parte de los efectivos de la fuerza. Todo con el argumento de la “investigación delitos federales y complejos”. Lo que incluye, obviamente, una “modernización” presupuestaria, o sea más plata.
En el Capítulo II del nuevo estatuto, referido a las “Funciones y Atribuciones” de la PFA , se afirma que las “acciones de inteligencia criminal” se realizarán respetando la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y demás legislación vigente (artículo 5, inciso 3). Pero a renglón seguido dice que la misma fuerza podrá, sin necesidad de orden judicial, acceder a “información y bases de datos públicas” e incluso “solicitar el acceso a bases privadas” si lo considera “justificado”.
La Ley 25.520 prohíbe expresamente, en su artículo 4, a todos los organismos estatales “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas”, cualquiera sea el motivo. Y también “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”. Todo lo contrario a lo que decretó la casta de La Libertad Avanza.
También viola la Ley de Inteligencia el inciso 11 del artículo 6 del nuevo estatuto de la PFA , que autoriza a la fuerza a “realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.
La aclaración de que estas tareas “deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas” es un chiste de mal gusto viniendo de un Gobierno especializado en reventarles la cabeza y hackear cuentas a periodistas y activistas.
Detenciones arbitrarias
Aún más grave que lo anterior es la habilitación a la Policía Federal para que desde hoy pueda detener a cualquier persona y en cualquier lugar por el mero hecho de considerar que podría cometer algún delito en un futuro indeterminado. A sola firma, el Gobierno pretende invertir el sistema penal argentino, pasando del “derecho penal de hecho” al “delito de autor”, es decir que importa más quién es la persona detenida y no qué hizo. Un delirio.
Por un lado, el mismo artículo 6 del Capítulo II afirma que la PFA “no podrá detener a las personas sin orden de juez competente”. Pero enseguida agrega que, “sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”, podrá ser detenido por hasta diez horas.
Hay que decir que esa arbitrariedad ya figuraba en la redacción anterior del Estatuto. Pero ahora se suma un paso más en esa facultad de detener arbitrariamente y “por las dudas”. El inciso 13 del mismo artículo 6 faculta a la PFA a “realizar requisas” contra cualquier persona o grupo de personas, “inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase”.
¿En qué casos? Por ejemplo, si los propios uniformados consideran que existen “circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, incluso “en la vía pública o en lugares de acceso público”. O sea, en cualquier lugar del país y sobre cualquier persona.
Y por si fuera poco, La Federal podrá “intercambiar con las demás Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todo tipo de información” recolectada a través de ese espionaje y de las detenciones callejeras o domiciliarias.
Hay que derrotarlos
Lo que el Gobierno intenta hacer pasar como una “modernización” del Estatuto de la Policía Federal es nada menos que un nuevo paso en el camino de intentar construir un verdadero Estado policial. Previamente La Libertad Avanza ya había conseguido en el Congreso, con apoyo de varios bloques incluído parte del peronismo, leyes como la llamada “Antimafias”, con las que el Ministerio de Seguridad Nacional obtuvo más poder para controlar, perseguir y criminalizar a vastos sectores de la población.
En concreto, hoy la Policía Federal tiene vía libre para espiarnos y detenernos sin siquiera avisarle a ningún juez o fiscal. Alcanza con que los uniformados “crean” o “sospechen” que hiciste o, más aún, vas a hacer algo que pueda llegar a catalogarse de delito. Se insiste, la PFA es una de las fuerzas históricamente más corruptas y criminales del país. ¿Qué pensás que van a hacer estos efectivos con esta nueva “facultad” concedida por Bullrich y sus secuaces?
Es posible enfrentar y derrotar esta escalada autoritaria del gobierno de Milei. La historia argentina está plagada de ejemplos. La movilización popular en las calles derrotó dictaduras y ataques reaccionarios, como el 2×1 a los genocidas que en 2018 quiso aplicar la Corte Suprema macrista.
Si los cientos de miles o millones que hoy repudian los avances represivos se organizan desde abajo y vuelven a llenar las calles, parando los lugares de trabajo y estudio en defensa de las libertades democráticas más elementales, es posible pararle la mano al experimento “libertario”.
En ese marco, la lucha contra la proscripción política de Cristina Kirchner, decretada por un fallo jurídicamente bizarro y políticamente obsceno, es un punto de apoyo trascendental para la defensa de los derechos humanos y garantías democráticas más básicas, amenazadas por un régimen y un gobierno serviles a los intereses del gran empresariado y las potencias imperialistas.
Contra el intento de consolidar un Estado policial dictado por las clases dominantes, hay que marchar contra esa proscripción y, a la vez, encarar una lucha general hasta derrotar todo cercenamiento de nuestras libertades y derechos a la vez que conquistar todas las demandas del pueblo trabajador y los sectores populares. Solo con una gran pelea nacional se puede derrotar este ataque.