En contacto con Canal E, el abogado constitucionalista, Alfredo Vitolo, analizó la situación institucional tras la fallida designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema y apuntó responsabilidades políticas al Ejecutivo y al Senado.
“Estamos en una situación inédita en la historia argentina”, afirmó Alfredo Vitolo, y explicó que aunque políticamente se rechazó el pliego, “la designación por decreto en comisión fue plenamente válida“. Luego, manifestó que el nudo legal radica en que “tenemos un juez designado correctamente cuyo acuerdo fue rechazado por el Senado”.
Frente a la incertidumbre sobre la continuidad de Manuel García Mansilla, explicó que hay dos lecturas jurídicas. “La mitad de la biblioteca dice que cesa automáticamente su función, y la otra mitad cree que tiene derecho a permanecer hasta el fin de las sesiones ordinarias”, señaló.
Responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Senado
Sobre los pasos a seguir tras conocerse la renuncia de García Mansilla, Vitolo fue claro: “Si se pone la renuncia, lo normal sería que el Presidente la acepte y se acabó la historia”. La Corte Suprema, entonces, funcionaría con tres miembros “hasta que el Presidente proponga nuevos pliegos y el Congreso los trate”.
Sin embargo, apuntó directamente al Ejecutivo y al Senado por haber generado esta crisis. “Hay responsabilidades compartidas”, afirmó. “El Ejecutivo aparentemente no buscó ningún tipo de acuerdo y pretendió imponer el pliego por la fuerza de los hechos”. Por su parte, el Senado “se sentó sobre los expedientes desde agosto del año pasado” y “no trató los pliegos ni siquiera cuando se habilitó el tema en sesiones extraordinarias”.
El futuro político de la Corte Suprema
La reforma constitucional de 1994 estableció la necesidad de consensos amplios para los nombramientos en la Corte Suprema. “Se requiere mayoría especial de dos tercios, y eso obliga al diálogo político, que hoy no existe en Argentina”, sostuvo el abogado. “Lo que está roto es el diálogo. Hay monólogos de un lado y del otro”, agregó.
En este contexto, remarcó el riesgo de insistir con prácticas unilaterales: “La peor alternativa sería ampliar el número de jueces de la Corte y negociar nombres como si fuera un reparto político. Eso sería nefasto”. Como alternativa, planteó que, “tal vez haya que convivir con una Corte de tres jueces. Lamentablemente”.