En una audiencia celebrada en Nueva York, la jueza federal Loretta Preska reafirmó su decisión de obligar al Estado argentino a entregar los mensajes y correos electrónicos de dos figuras clave en el manejo de la economía: el actual ministro Luis Caputo y su antecesor, Sergio Massa.
La solicitud forma parte del proceso judicial iniciado por fondos de inversión por la expropiación de YPF, y pone nuevamente a la Argentina en una posición delicada dentro del sistema legal estadounidense.
Durante la audiencia, que tuvo lugar en el tribunal del distrito sur de Nueva York, los abogados que representan a los demandantes insistieron en que existen elementos suficientes para creer que ambos funcionarios utilizaron sus dispositivos personales para tomar decisiones de Estado. La jueza coincidió en ese punto y descartó las objeciones argentinas, al considerar que forman parte de una estrategia para dilatar el proceso.
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Preska aceptó establecer una nueva fecha límite para cumplir con la orden —el 30 de octubre—, pero fue clara respecto a las consecuencias de no avanzar: podrían aplicarse sanciones, como inferencias adversas o incluso medidas de desacato.
Loretta Preska reafirmó su decisión de obligar al Estado argentino a entregar los mensajes y correos electrónicos de dos figuras clave en el manejo de la economía: Caputo y Massa
TV Pública
LOS LÍMITES ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Uno de los aspectos más tensos del proceso gira en torno al uso de canales personales por parte de los funcionarios argentinos. Los estudios jurídicos que representan a los fondos demandantes (Levine Lee, King & Spalding y Kellogg Hansen) argumentaron que existe evidencia pública de que Massa y Caputo manejaron temas vinculados a YPF a través de chats y correos no institucionales. Según su visión, esta práctica compromete la transparencia y debe ser auditada judicialmente.
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Frente a esto, la jueza mantuvo su posición y reiteró su orden original. La Argentina debe entregar esas comunicaciones privadas como parte del proceso de discovery, una etapa clave en el sistema judicial estadounidense donde cada parte debe revelar documentos e información relevante para el caso.
EL PEDIDO QUE EVALÚA ARGENTINA
El Gobierno argentino prepara una presentación formal ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, con el objetivo de suspender la orden que exige la entrega de correos y mensajes privados de los exministros Luis Caputo y Sergio Massa. La decisión, confirmada por altas fuentes oficiales, busca pausar la medida judicial hasta tanto se resuelva la apelación vinculada al alcance del discovery, una etapa clave del juicio por la expropiación de YPF.
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Este nuevo paso se suma al recurso que la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, ya interpuso ante la Corte de Apelaciones el pasado 26 de septiembre, en un intento por bloquear la entrega de información que considera sensible. Sin embargo, Preska volvió a insistir con su orden este último viernes, en una audiencia con representantes legales de la Argentina y de los fondos demandantes.
Desde la Casa Rosada mantienen una postura firme: “de ninguna forma” se accederá a entregar datos personales o privados de funcionarios actuales o anteriores. En el entorno del Gobierno consideran que la jueza “se excedió en su jurisdicción”, tanto en su pedido de mensajes privados como en su exigencia de información sobre activos argentinos.
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En línea con esa estrategia, en Balcarce 50 aseguran que no se ofrecerá ningún tipo de garantía o compromiso mientras continúe en pie el proceso de apelación del fallo que habilita la transferencia del 51% de las acciones de YPF. El oficialismo también descartó de plano cualquier intento de acercamiento directo con los fondos litigantes, al subrayar que no habrá negociaciones fuera del ámbito judicial.
El Gobierno prepara una presentación para suspender la orden que exige la entrega de correos y mensajes privados
Reuters
Esta combinación de acciones judiciales y definiciones políticas marca la estrategia defensiva del Gobierno frente a un litigio que, además de su impacto económico, involucra debates profundos sobre soberanía, privacidad institucional y límites jurisdiccionales en el escenario legal internacional.
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EL OTRO FRENTE: EVITAR LA ENTREGA DEL 51% DE YPF
Mientras cumple con los pedidos de Preska, el Gobierno argentino se juega una batalla decisiva en otro nivel del sistema judicial de EE.UU.: impedir que se ejecute la sentencia que lo obliga a pagar US$16.000 millones a raíz de la expropiación de la petrolera. Una de las posibles formas de cumplimiento sería la entrega del 51% de las acciones de YPF, hoy en manos estatales.
El Estado argentino presentó una apelación ante la Corte de Nueva York en la que argumenta que ejecutar esa sentencia vulneraría principios fundamentales de soberanía económica y abriría la puerta a una ola de litigios contra activos estatales en el extranjero. En ese contexto, el Gobierno obtuvo el respaldo diplomático de varios países, que manifestaron preocupación por las implicancias globales del caso.
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La defensa argentina se sostiene en cuatro pilares jurídicos:
- Que la sentencia viola la inmunidad soberana del país.
- Que hay una interpretación errónea del derecho neoyorquino.
- Que no corresponde aplicar la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).
- Y que también se están ignorando principios del derecho argentino e internacional.
Aunque ambas partes solicitaron que el proceso avance con celeridad, no se esperan novedades inmediatas. Los beneficiarios del fallo, entre ellos el fondo Burford, deberán presentar su respuesta legal a la apelación argentina antes del 14 de noviembre. Luego, el 12 de diciembre, está prevista la audiencia final para exponer los argumentos orales ante el tribunal de apelaciones.
Sin embargo, el desenlace definitivo podría tardar en llegar: los analistas legales no anticipan un fallo antes de 2026.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR