La Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) expresó un enérgico rechazo al Decreto 383/2024, recientemente publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Gobierno nacional. A través de un documento titulado “Pronunciamiento ante la ruptura jurídica del paradigma de Seguridad”, la entidad universitaria advierte sobre una “grave regresión en derechos fundamentales” y el avance de una “lógica represiva” en las políticas de seguridad.
El decreto —publicado por el Ministerio de Seguridad y oficializado en la Policía Federal Argentina— redefine funciones de las fuerzas de seguridad, otorgándoles mayores atribuciones operativas, incluso sin requerimiento judicial previo. El documento universitario sostiene que esta medida “representa una ruptura jurídica del modelo democrático de seguridad” y señala que puede derivar en “graves violaciones a los derechos humanos de la población”.
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La decisión implica un cambio total en la misión de la PFA: ahora se abocará a la prevención e investigación de delitos federales y complejos, como narcotráfico, ciberdelito, trata de personas y crimen organizado.
¿Qué implica el Decreto 383?
Según el análisis de la Cátedra, el nuevo decreto desplaza el paradigma vigente -basado en el respeto de garantías mínimas bajo control del Poder Judicial- hacia un esquema donde prima la intervención directa y autónoma de la Policía Federal, bajo la figura de la “protección de la seguridad nacional”.
Entre los puntos más cuestionados se destacan:
🔹Intervención sin orden judicial: El decreto habilita a las fuerzas de seguridad a actuar “sin orden de juez competente”, ya sea en manifestaciones públicas, en redes sociales o sobre personas consideradas “sospechosas”.
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🔹Detenciones y requisas sin control judicial: Según el pronunciamiento, ya se estarían realizando operativos en los que se requisaron equipajes y se identificaron personas en transporte público, sin intervención judicial.
Denuncia desde la Cátedra de la UNPSJB
🔹Ciberpatrullaje e inteligencia interna: El texto permite a la Policía Federal realizar tareas de ciberpatrullaje y recolección de datos en redes sociales. Estas funciones están vedadas por la Ley Nacional 25.520 de Inteligencia, cuyo artículo 4 prohíbe a las fuerzas de seguridad cumplir funciones policiales sin orden judicial.
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🔹Además, se cuestiona la autorización a las fuerzas de seguridad para exhibir armas “cuando lo consideren necesario”, lo que remite a prácticas asociadas a la denominada “doctrina Chocobar”. También se advierte sobre la liberalización en el uso de armas semiautomáticas, lo que —según informes de organismos internacionales— incrementa los riesgos de violencia armada y abusos.
Un llamado a frenar el avance represivo
La Cátedra de Derechos Humanos no solo rechaza el contenido del decreto, sino que llama a organizaciones sociales y académicas a adherir y difundir el pronunciamiento. “Esta es una reforma con fuerte contenido de demagogia punitivista”, sostiene el documento, y concluye con una afirmación tajante: “La seguridad no viene de los patrulleros, sino del respeto irrestricto a los Derechos Humanos por parte del Estado”.
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En las últimas semanas, organismos como el CELS y Amnistía Internacional también han cuestionado el decreto, que forma parte de un paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de seguridad interior, en línea con la política de “orden público” promovida desde el Ministerio que encabeza Patricia Bullrich