El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de abastecimiento energético que transfiere al sector privado la responsabilidad de importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL), una tarea que hasta ahora estaba centralizada en manos de ENARSA. La medida apunta a asegurar el suministro durante los picos de demanda invernal, reducir subsidios y avanzar en la desregulación del mercado energético, en línea con la política de retiro del Estado como operador.
Según explicó la Secretaría de Energía, el nuevo sistema se implementará mediante procesos licitatorios competitivos para asignar el uso de la capacidad de regasificación de la terminal de Escobar, el principal punto de ingreso de GNL al país. Las empresas adjudicatarias deberán adquirir el gas en el exterior, regasificarlo e inyectarlo al sistema, asumiendo los riesgos y costos operativos.
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Aunque la producción local de gas —impulsada principalmente desde Vaca Muerta— logró reducir fuertemente la necesidad de importaciones, el cuello de botella en la capacidad de transporte desde la cuenca neuquina impide cubrir toda la demanda en zonas clave como el AMBA y el Litoral, especialmente durante los meses fríos. Por eso, el ingreso de GNL sigue siendo necesario como complemento estacional.
Hasta ahora, ENARSA compraba el GNL en el mercado internacional —a precios que rondaban los 15 a 17 dólares por millón de BTU (MMBTU)— y lo revendía a distribuidoras y generadoras al precio del Plan Gas (alrededor de 2,7 USD por MMBTU), cubriendo la diferencia con subsidios estatales. Ese esquema implicaba un fuerte costo fiscal y una distorsión en los precios relativos del gas.
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Con el nuevo modelo, el Estado dejará de intermediar en la operación comercial, pero mantendrá un rol regulador para garantizar transparencia y previsibilidad en la transición. La Secretaría de Energía definirá las reglas del proceso licitatorio y un tope de precio para el GNL regasificado, con el objetivo de evitar abusos en un contexto de infraestructura limitada.
Ese tope se establecerá tomando como base un marcador internacional (como el Henry Hub o el JKM), más un adicional que cubra los costos logísticos (flete, regasificación, transporte y almacenamiento). Este adicional será determinado por un mecanismo competitivo entre las empresas participantes, buscando asegurar eficiencia y precios razonables.
En caso de que la licitación no logre cubrir la demanda, ENARSA podrá intervenir de forma transitoria para evitar eventuales faltantes, pero sin retomar el rol central como comprador e intermediario.
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La medida se enmarca en la decisión del Gobierno de avanzar con la privatización de actividades de ENARSA y en un cambio estructural del rol estatal en el sistema energético. Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el objetivo es “ordenar la formación de precios, evitar subsidios distorsivos y garantizar la seguridad del sistema con reglas claras y competencia”.