Los cambios que este miércoles a última hora anunció el ministro de Salud Mario Lugones respecto de cómo, cuándo y a quiénes revaluará de los casi 270 aspirantes a las residencias médicas bajo sospecha por presunto fraude, posiblemente hayan provocado que varios estén cortando clavos, sea cruzando los dedos para que les notifiquen que zafaron de rendir de nuevo como por no comprender en lo más mínimo qué pasará este lunes ni qué consecuencias generará el cortocircuito político que ya se llevó puesto a un funcionario de Nación y que, exhibió Lugones en un comunicado reciente, tensiona las relaciones con sus pares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Dejando de lado el bochornoso video viralizado del supuesto postulante ecuatoriano filmando las 100 preguntas del examen de residencias con sus anteojos inteligentes Ray-Ban Meta, hay que hacer un breve repaso conceptual y cronológico del “todo”, para explicar qué cambió este miércoles, qué va a pasar la semana que viene, cuándo se tomará el examen y quiénes quedaron eximidos de hacerlo.
De los cerca de 11.000 graduados que el 1° de julio dieron el Examen Único de Residencias Médicas (o sea, que aplicaron a las vacantes hospitalarias de formación para las carreras de Medicina, Bioquímica y Enfermería), unos 8.000 lo hicieron dentro de lo que se conoce como Concurso Unificado; un orden de mérito separado con el que se administran los puestos disponibles para médicos en los hospitales que dependen de Nación, la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires.
Según trascendió el 1° de julio, la sede porteña de Parque Roca (la más concurrida del país, con más 6.900 graduados rindiendo a la vez) estuvo lejos de tener controles adecuados. Fuentes reservadas confiaron a Clarín que se vieron demasiados alumnos yendo y viniendo del baño más de una vez, y que eso propició algo que el ministerio que conduce Lugones denunció hace ya diez días: irregularidades estadísticas en las notas.
Demasiados exámenes fueron calificados con 85 puntos o más, denunció esa cartera, y comenzó a hablar de “sospechas de fraude”, con un énfasis particular en la alta participación de egresados de universidades extranjeras de baja reputación, que se sacaron notas altas en el Concurso Unificado. Todo quedó formalmente definido como un “crecimiento anómalo”, ya que las notas arriba de 85 puntos se habían alzado 33,6%, en comparación a convocatorias anteriores, aclaró la resolución 2274, publicada en el Boletín Oficial hace unos días (25 de julio).
La normativa creaba un consejo de expertos representado por Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La función de ese equipo era “evaluar la congruencia entre las trayectorias académicas y el resultado del examen único de residencia”, alumno por alumno. Como se verá, ese comité quedó ahora discontinuado.
Lo mismo pasó con la otra importante medida que lanzaba esa resolución primera, y que generó mucho malestar entre los postulantes a las residencias de Medicina metropolitanas: establecía que todos los que se habían sacado 86 puntos o más tendrían que volver a rendir.
Caían en la volada 268 personas, de las cuales el Ministerio nunca aclaró (a pesar de los varios intentos de este medio) cómo era la distribución porcentual de egresados de universidades dentro y fuera del país ni cuántos del total despertaban una sospecha -podría decirse- “incuestionable”, tomando en cuenta su historial académico. O sea, el promedio de egreso de carrera.
Desde el viernes 25 a esta parte, el corte planteado en los 86 puntos se modificó. También, la composición del consejo asesor, producto de un desacuerdo entre Nación y el ámbito metropolitano-bonaerense. Fuentes reservadas opinan que la razón de estos cambios es meramente política (de cara a la campaña legislativa) pero, según el Gobierno, todo se debe a criterios diferentes de lo que “congruencia académica” quiere decir.
Residencias médicas: qué cambió y qué va a pasar el lunes
Tanto el cambio en la forma de revaluar los exámenes como el cortocircuito que -dejó clarísimo Lugones- mantiene con sus pares bonaerense y porteño, quedaron plasmados en una nueva resolución oficial (la 2303) publicada este miércoles por la noche.
Ahí se establece una forma distinta de separar las aguas entre los “sospechados” y “no sospechados” de haberse copiado. “Copiado”, porque parece inverosímil que 100 o 200 personas usaran los mismos costosos anteojos inteligentes que el viralizado postulante ecuatoriano, o que todos hayan ido al baño para mirar o escuchar las respuestas en su celular.
Más allá del excepcional video viralizado, fuentes del sector afirman que el real problema con este Examen Único es que alguien lo vendió desde adentro del Ministerio de Salud. Y, claro, unos cuantos lo compraron y se copiaron.
Esta hipótesis está en línea con las advertencias de alumnos y graduados -formalizadas en una carta al decano de Medicina de la UBA-, que denunciaron haber recibido ofertas para comprar el examen a entre 3.000 y 5.000 dólares. Sin embargo, esta parte del capítulo quedó opacada por el video viral y sus efectos potenciadores de un desprecio hacia los extranjeros en franco crecimiento.
Al cierre de esta nota, el Gobierno no había accionado judicialmente para denunciar ninguna irregularidad. En cambio, con posterioridad a la difusión del video emitieron una segunda resolución en la que corrigieron un nuevo corte, al interior de los 268 que se sacaron 86 puntos o más.
Por este cambio, aproximadamente la mitad de esas personas queda eximida (o sea, no tendrá que dar el examen otra vez) y se suspende la prueba oral prevista para este lunes 4 de agosto.
Quiénes tienen que rendir el examen único de residencias
La segunda resolución que repentinamente sacó el Gobierno informa que hubo una falta de consenso con las autoridades porteñas y bonaerenses, ya que esas jurisdicciones no quisieron incluir, como parte de lo que se entiende por “congruencia académica”, la reputación de la casa de estudios de la que viene el graduado. Por eso el Gobierno informa que las nuevas medidas adoptadas (que se detallarán a continuación) impactarán para quienes aspiren a cursar su residencia en los hospitales nacionales, sean o no SAMIC, es decir, 100% nacionales o de gestión compartida.
Fue una forma de decirles a las carteras que manejan Fernán Quirós y Nicolás Kreplak que manejen la distribución de cargos de sus hospitales 100% jurisdiccionales como mejor les parezca. No obstante -se pudo averiguar- habría una congruencia de posiciones, priorizando que se destrabe la situación y de una vez se pueda armar el ansiado orden de méritos.
Pero Lugones, en un comunicado grabado, distribuido en redes, señala las diferencias que tuvo con sus pares a la hora de describir la famosa “congruencia académica”. Aunque para la primera resolución había acuerdo, no decía nada sobre la reputación que debería alcanzar la casa de estudios de origen.
Esa normativa establecía que si el postulante muestra (para el comité de expertos) una “alta congruencia académica” (buena trayectoria y buena nota de examen), podía ratificar su nota en un oral, este lunes (4 de agosto). Si fallaba en esa instancia, tendría la chance de rendir un segundo examen escrito, el jueves siguiente (7 de agosto). Y si de arranque tenía baja congruencia académica (mal promedio de carrera pero buena nota en el examen de residencias) daría directamente el escrito, sin el oral.
Ahora se decidió eliminar el examen oral y directamente dar por “buenos” todos los casos de “alta congruencia académica”, asumiendo que ninguna de esas personas se pudo haber copiado.
Según el Gobierno, esto pondrá en obligación de rendir otra vez a poco más de 100 personas (no se sabe cuantas). De ellas, “la mayoría”, dice el Gobierno, egresaron de universidades extranjeras. Particularmente, ecuatorianas.
Cortocircuitos y un funcionario despedido
Según definió Salud, el único examen será escrito y se tomará el jueves 7 de agosto. Los que zafaron de rendir, recibirán una notificación que lo ratifique. El Gobierno da a entender que en su mayoría son egresados de universidades de Argentina.
El nuevo comité de expertos estará compuesto por tres funcionarios nacionales: el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Alberto Vilches; el subsecretario de Institutos y Fiscalización, Enrique Rifourcat; y Juan Pablo Vivas, director Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud.
Cuando faltan sólo 15 días para que comiencen las reuniones que los nuevos residentes deberían tener con los equipos de salud de los hospitales donde trabajarán los próximos años, aparecen otros sinsabores. Por ejemplo, la repentina salida de Santiago Cerneaz, un neurocirujano clave en la confección del examen de residencias, que el Gobierno viene ubicando en distintos roles hace tiempo. El Ministerio no respondió las preguntas de Clarín sobre su las causas de su salida.
El 8 de abril se informó su renuncia a la Dirección del Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”. Como interventor había denunciado a la asociación de pacientes de lepra por corrupción. Ellos lo acusaban de vaciar y freezar el funcionamiento de la institución.
Hace poco, el 17 de junio, lo designaron en una función decisiva para los exámenes de residencia: quedó a cargo de la Dirección de Talento Humano de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, dependiente de la subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria, que a su vez depende del Ministerio de Salud.
Al margen del ecuatoriano y sus gafas inteligentes, todos buscan a quien podría haber filtrado el examen desde adentro del Ministerio. Cerneaz estaba en una posición clave: la que en efecto confecciona el examen, en base a las sugerencias de preguntas que llegan desde las jurisdicciones. Según se pudo confirmar, hace pocos días fue dado de baja en su función.
SC