Con importantes demoras debido a la ausencia de dos de los imputados, este viernes se realizó la segunda jornada del juicio oral y público contra ocho acusados de provocar destrozos en distintos edificios públicos en el marco de las movilizaciones antimineras que se produjeron el 16 de diciembre del año 2021.
“Hasta el momento, en tres días de debate, solo han brindado sus testimonios dos testigos del Ministerio Público Fiscal, lo que evidencia un notable retraso en función de lo planificado por la jueza Eve Ponce y los representantes de las partes: la fiscal general Florencia Gómez, por un lado, y los defensores Pablo Sánchez y Miguel Moyano, por el otro”, remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.
La jueza Eve Ponce impuso medidas para garantizar la continuidad del proceso.
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Además, informaron que ante las reiteradas ausencias o llegadas tardes de los imputados, la jueza resolvió que de ahora en adelante se les dará 10 minutos de tolerancia a los acusados para presentarse en los tribunales y que, en caso de no hacerlo, serán detenidos y llevados al debate por la Policía.
UNO DE LOS ACUSADOS FUE DETENIDO MIENTRAS DORMÍA
La audiencia de este viernes se demoró más de cuatro horas en su inicio. El imputado Gonzalo Martínez llegó tarde y fue reprendido por la jueza. Otro acusado, identificado como G.V., que tenía 17 años al momento de los hechos, fue llevado a la audiencia por la Policía en carácter de detenido porque Ponce ordenó que se le allane la casa del barrio 3 de abril donde reside.
Al momento de ingresar los policías por la fuerza, cerca de las 11.30 de la mañana, se hallaba durmiendo. Los policías lo palparon de posibles armas en su poder, y le colocaron las esposas.
Por la ausencia de dos imputados, se retrasó el juicio por el incendio de los edificios públicos: uno se presentó solo y al otro lo fue a buscar la policía
Al finalizar la audiencia, la jueza informó que el debate seguirá mañana sábado a partir de las 8.
UNO DE LOS ACUSADOS ASEGURÓ QUE ES INOCENTE
Uno de los imputados, sobre el que pesan los cargos más graves, pidió hablar en esta etapa del juicio. Se trata de Mauricio Vargas, contra el cual los fiscales pedirán seis años de prisión por los delitos de incendio intencional y hurto agravado.
Vargas dijo que no participó de los incidentes y que ese día, a ese lapso de tiempo, entre las 18 y las 21 horas, se encontraba en su casa junto a su padre.
Además, aseguró que la única prueba en su contra es la del uso de una campera que fue hallada en su casa durante un allanamiento en el que además le secuestraron dos teléfonos celulares.
“Esa campera la compré en la feria de la calle España, donde se vendían también otras camperas”, aseguró el imptuado.
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Por otra parte, afirmó que durante el allanamiento a su casa un hombre de civil que no pudo identificar le dijo “ahora te vas a tener que hacer cargo”.
Según la investigación del equipo de fiscales, el día de la manifestación Vargas ingresó al edificio del Superior Tribunal de Justicia, “arrojando elementos contundentes contra vidrios y puertas interiores.
Los incendios registrados durante el 16 de diciembre del año 2021 provocaron daños en distintos edificios públicos.
MPF
Salió del lugar portando un libro de grandes dimensiones (propio de la actividad judicial), con el cual se dirigió hacia la ventana de la oficina de la Procuración General que da a calle Rivadavia, previamente dañada por Molina Leguiza (otra de las imputadas) y otras personas.
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Luego ingresó a la parte superior de su cuerpo hacia el interior del recinto y junto con otro joven no identificado, valiéndose de un encendedor o elemento similar, utilizando el libro generan en el interior de la oficina un foco ígneo, que luego se propagó en su interior afectando la totalidad de los elementos allí existentes”.