La jueza de garantías Eve Ponce abrió este viernes la investigación penal en contra de Alfredo Prior, ex titular del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) por los presuntos delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación que se abrió en su contra está relacionada con trabajos de construcción y remodelación de la sede la obra social Seros en Comodoro.
El pedido fue realizado por el fiscal general Omar Rodríguez, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública que describió las presuntas irregularidades relacionadas con el alquiler, usos y remodelaciones en las instalaciones del Sindicato de Personal Jerárquico Municipal de Comodoro para el personal de la obra social provincial.
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Rodrigo San Martín, ex interventor de ISSyS, fue el autor de la denuncia.
La denuncia fue realizada por el contador Rodrigo San Martín, ex interventor del ISSyS. “Alfredo Prior tiene que estar preso”, había afirmado San Martín en diciembre de 2023, poco después de asumir.
Los presuntos hechos irregulares están vinculados con la relación que Prior tenía con el Sindicato de Jerárquicos Municipales -del que formaba parte- antes de acceder al Directorio y la presidencia de la obra social provincial.
“En conclusión, Prior siendo Presidente del lSSyS se aprovechó de dichas circunstancias para utilizar los dineros del organismo que administraba en beneficio del Sindicato del cual era parte, en función del cargo que ocupaba en el mismo y su relación, además como director de obra del edificio de propiedad de Asociación de Personal Jerárquico de la Municipalidad (de Comodoro Rivadavia)”, indica el texto al momento de describir los hechos que ahora se comienzan a investigar.
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En la audiencia realizada este viernes en la Oficina Judicial de Rawson, Prior pidió hacer uso de la palabra, dio cuenta de su versión acerca de cómo se fueron desencadenando los hechos y las necesidades de la sede transitoria de la Delegación de SEROS de Comodoro Rivadavia.
Además, explicó cómo se adoptaban las decisiones por parte de las autoridades de ese Instituto, la participación de los asesores legales y contables, entre otros aspectos.
El acusado afirmó que “nunca tuvo interés en beneficiar al Sindicato de Personal Jerárquico municipal”.
Por su parte Rodríguez, además de describir en detalle el presunto hecho ilegal, dio cuenta de las pesquisas previas realizadas, entrevistas que se tomaron a autoridades elegidas y profesionales contables de la Obra Social, proveedores de materiales de la construcción, técnicos, profesionales y peritos en materia de obras civiles.
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Ante los planteos del fiscal, la jueza Ponce respecto de la apertura de investigación por un plazo de seis meses.