Joaquín Charró, el concejal del PRO en Miramar que vive y cobra en CABA

Joaquín Sánchez Charró, concejal del partido Propuesta Republicana (PRO) en el municipio de General Alvarado, con cabecera en Miramar, está involucrado en una controversia al conocerse que, a pesar de su rol político en esta localidad costera, reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y percibe un salario del Gobierno porteño de Jorge Macri, perteneciente al mismo partido.

Sánchez Charró, abogado de profesión, asumió como concejal en 2021 tras una campaña centrada en la renovación política y el desarrollo local. Sin embargo, su decisión de mantener su domicilio en CABA levantó cuestionamientos sobre su compromiso con los vecinos de Miramar y la transparencia en el uso de recursos públicos.

Además, fuentes consultadas por este medio señalan que Sánchez Charró cobra un sueldo en el Gobierno porteño, lo que se suma a su dieta como concejal. Esta situación genera malestar entre los ciudadanos de General Alvarado, quienes consideran que su residencia porteña lo aleja de las problemáticas cotidianas del municipio.

El caso de Lospennato y Hernán Lombardi

Por otro lado, el PRO enfrenta un escenario curioso en las elecciones legislativas de CABA del 18 de mayo de 2025. Silvia Lospennato, encabezando la lista de candidatos a legisladores porteños, y Hernán Lombardi, segundo en la nómina, no podrán votarse a sí mismos, ya que ambos tienen su domicilio registrado en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de estar pidiendo el voto a los ciudadanos porteños, ninguno de los dos realizó el cambio de domicilio correspondiente para integrarse formalmente al distrito al que ahora aspiran representar. Por ende, no aparecen en el padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires, un detalle que deja en evidencia una práctica habitual en la política argentina: cambiar de distrito según convenga, sin un compromiso territorial auténtico.

Al igual que ocurre con Joaquín Sánchez Charró, lo que para muchos puede parecer una anécdota electoral, en realidad revela un síntoma de una política que muchas veces parece moverse no por vocación de servicio, sino por conveniencia.