El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un incremento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, elevándolo a $700.000. Este aumento impactará en alrededor de 2600 jubilados de la provincia, junto con un bono bimestral de $100.000 para aquellos con ingresos hasta $1.300.000 brutos. El impacto real de estas medidas genera incertidumbre, ya que gran parte de los fondos provienen de la Nación, según un acuerdo de 2016.
El acuerdo, que establece que la Nación cubrirá el déficit de las cajas provinciales si se armonizan con el sistema de ANSES, ha sido parcialmente cumplido por el gobierno de Milei. Sin embargo, el uso de estos fondos para aumentar las jubilaciones y no para reducir el déficit de la caja provincial ha generado controversia. A pesar de la transferencia mensual de $5.000 millones, el 70% de esos fondos se destinará a los aumentos, contradiciendo el propósito del acuerdo.
Además, se ha señalado que el aumento anunciado no se basa en un cambio estructural, sino en el incremento de un complemento ya existente. Este ajuste beneficiará solo al 5% de los jubilados provinciales, mientras que el resto de los 19.000 beneficiarios recibirá un aumento complementario, cuya cifra exacta aún se desconoce. Esto genera dudas sobre la eficacia de la medida a largo plazo.
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La caja provincial sigue acumulando un déficit millonario
A pesar de las mejoras en los haberes, el déficit de la caja provincial sigue siendo un problema crucial. Según fuentes oficiales, la deuda asciende a cerca de $20.000 millones, y se ve acentuada por los regímenes especiales de algunos sectores como EPEC y el Poder Judicial. La falta de una reforma estructural en el sistema de pensiones y la continua dependencia de los fondos nacionales pone en peligro la sostenibilidad de la caja provincial a largo plazo.
El aumento del haber mínimo no aborda las causas subyacentes del déficit ni la injusticia de los regímenes especiales que afectan a los trabajadores públicos. Además, el gobierno provincial no ha mostrado señales de querer reducir el gasto público, lo que contribuye a la inestabilidad financiera de la provincia. El sistema de salud, educación y seguridad también sigue recibiendo críticas por parte de los ciudadanos, que no ven mejoras significativas en estos sectores.
A lo largo de los años, el sistema previsional de Córdoba se ha mantenido desequilibrado, y las políticas actuales solo parecen enfocarse en medidas paliativas. El gobierno de Llaryora no ha implementado una reforma profunda que garantice la viabilidad a largo plazo del sistema, lo que deja a jubilados y ciudadanos con bajas expectativas de mejora.
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El uso electoralista de los fondos nacionales para los aumentos
Las críticas apuntan a que los aumentos anunciados por el gobernador no solo son insuficientes, sino que responden a intereses electorales. La medida parece más un intento de ganar apoyo político antes de las próximas elecciones que una verdadera solución a los problemas del sistema previsional. Mientras tanto, los fondos nacionales para cubrir el déficit se destinan a medidas populistas, en vez de a una reforma estructural eficaz.
Este enfoque ha generado desconfianza entre los cordobeses, quienes ven que los fondos nacionales se usan con fines políticos, sin abordar los problemas de fondo. La falta de transparencia y la incertidumbre sobre los aumentos generan desconfianza en la estabilidad del sistema previsional provincial. Las reformas estructurales continúan siendo una necesidad urgente que el gobierno provincial no ha sabido abordar con seriedad.
El anuncio de Llaryora, aunque bien recibido por algunos sectores afines, no resuelve los problemas estructurales del sistema previsional de Córdoba. La dependencia de fondos nacionales y el uso electoralista amenazan la estabilidad financiera, mientras la sociedad espera soluciones sostenibles.
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