La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá este martes 12 de agosto un capítulo decisivo en el juicio por la reestatización del 51% de YPF. El tribunal deberá definir si mantiene la medida cautelar que impide la entrega de las acciones de la compañía como forma de pago, si habilita la ejecución de ese traspaso o si ordena sustituirlas por otros activos equivalentes.
La sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en junio pasado obliga a la Argentina a cancelar la condena de US$ 16.100 millones —que suma intereses diarios por más de US$ 2 millones— con el paquete accionario que posee en YPF. El financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará esas acciones de inmediato en caso de recibirlas, como “acto de buena fe”.
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Las tres posibles salidas son claras: la prórroga de la cautelar pedida por el Estado argentino; la entrega inmediata del 51% de YPF; o la sustitución por otros activos, como bonos de mediano o largo plazo. Si la Corte no otorga la suspensión total, el Gobierno tendrá dos caminos: acordar con los acreedores o enfrentar un escenario de desacato, con riesgos de embargos a reservas del Banco Central, bloqueos en los mercados internacionales y la posible incautación de activos de YPF en el exterior.
Reuters-Matias Baglietto
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El Ejecutivo evita pronunciarse públicamente sobre un eventual acuerdo. Según fuentes cercanas a las negociaciones a las que tuvo acceso el diario Clarín, firmar antes de agotar todas las instancias judiciales podría comprometer legalmente a los funcionarios. Sin embargo, una encuesta de Poliarquía Consultores reveló que el 65% de la población prefiere negociar una reducción de la deuda, mientras que solo un 25% opta por desconocer el fallo. Entre votantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, la opción de negociar supera el 79%, mientras que el rechazo al fallo es mayoritario en el electorado kirchnerista (54%).
El caso no cuestiona la potestad de la Argentina para expropiar YPF, sino el incumplimiento del estatuto de la compañía, que obligaba a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) cuando un accionista tomara el control. La omisión perjudicó a inversores con acciones cotizantes en Nueva York, dando jurisdicción a los tribunales estadounidenses. El conflicto se remonta a 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó YPF bajo normas de Wall Street.
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En 2008, el Grupo Petersen adquirió el 25% de YPF con financiamiento de Repsol y bancos internacionales. Su plan era pagar la deuda con dividendos, pero en 2012, tras la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, se nacionalizó el 51% de la petrolera y se prohibió el reparto de utilidades. Petersen quebró y el derecho a litigar fue subastado en España, donde Burford Capital ganó la licitación para financiar el pleito.
El acuerdo establece que, de cobrarse la sentencia, el 70% irá a Burford y el 30% a la quiebra del Grupo Petersen, aunque las deudas de este último harían que sus acreedores perciban poco o nada. Mientras tanto, cada día que pasa sin un acuerdo suma millones a una condena que, mañana, podría acercarse a su punto de mayor presión.