Este lunes comenzaron en Lago Puelo las audiencias del juicio oral por la grave intoxicación con monóxido de carbono que en junio de 2022 afectó a 74 alumnos y 3 docentes en la localidad de Buenos Aires Chico, en el Departamento Cushamen.
El proceso penal tiene como imputados a un gasista matriculado, Juan Cottet, y a su ayudante, Carlos Jordi, quienes están acusados por los delitos de lesiones leves culposas y encubrimiento.
La audiencia, según informó el Ministerio Público Fiscal, se desarrolla bajo la presidencia del juez Martín O’Connor. La acusación está en manos de la fiscal Débora Barrionuevo, acompañada por la funcionaria Eugenia Castro. Por parte de los acusados, interviene el abogado particular Hugo Cancino.
En su alegato de apertura, la fiscalía adelantó que buscará demostrar que los acusados instalaron un artefacto de calefacción en la escuela sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad exigidas por la normativa vigente.
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Según detalló Barrionuevo, el equipo fue colocado en una pared externa del edificio donde funcionan la escuela primaria N° 93 y la secundaria N° 7119, sin haber sido inspeccionado ni autorizado por la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur.
Además, carecía de las ventilaciones necesarias para permitir el ingreso de aire para la combustión, y la evacuación de gases no cumplía con las regulaciones establecidas. Estas condiciones, afirmó la fiscal, derivaron en la intoxicación de un total de 77 personas.
Acusación por encubrimiento
Otro eje de la acusación tiene que ver con los hechos ocurridos durante la noche del 22 de junio, cuando, según la fiscalía, Cottet y Jordi ingresaron al establecimiento escolar con el objetivo de alterar la escena y eliminar posibles pruebas del delito.
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Entre las acciones señaladas se incluye la instalación apresurada de rejillas de ventilación en la puerta, la remoción del quemador y el motor forzador de la caldera, y otras modificaciones en la conexión del aparato de calefacción.
Durante la jornada de este martes se espera la declaración de los imputados, así como la presentación de las convenciones probatorias. Para mañana está previsto que tanto la fiscalía como la defensa expongan sus alegatos de clausura, etapa clave para definir la responsabilidad penal de los acusados en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa de la zona.