La denuncia por cirugías pediátricas inexistentes en perjuicio de la obra social de los petroleros (OS.PE.PRI) sigue revelando nuevos casos. Lo que comenzó con 11 operaciones falsas atribuidas a dos médicos ahora asciende a 13 casos e involucra a tres profesionales de la salud: dos anestesistas y un traumatólogo infantil.
El Sindicato de Petroleros Privados, a través de su equipo legal, amplió la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos, aportando documentación que evidencia un fraude que ya supera los 20 millones de pesos.
Cómo se descubrió la maniobra
El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, había explicado que la estafa se detectó al analizar el período de enero a junio de 2024. En esos seis meses figuraban cirugías traumatológicas complejas a niños que, en realidad, nunca ingresaron a quirófano.
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La maniobra salió a la luz a partir de la consulta a los padres de los afiliados. Varios confirmaron que sus hijos solo habían sido atendidos en consultorios o en hospitales, pero jamás fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas. Incluso se detectaron registros de operaciones de cadera, tobillo y pierna supuestamente realizadas en simultáneo, con altas médicas otorgadas apenas una hora después.
Además, las auditorías internas revelaron prótesis que nunca fueron colocadas y operaciones inexistentes cargadas en las historias clínicas.
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Tres médicos bajo investigación
Inicialmente los allanamientos se concentraron en los domicilios de un traumatólogo infantil y un anestesista. Sin embargo, la documentación analizada permitió descubrir la participación de un segundo anestesista, identificado como docente universitario en la cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional del Comahue. Este último fue demorado para su identificación.
En todos los casos, la Fiscalía secuestró teléfonos, computadoras, pendrives e historias clínicas, material que será clave para formular cargos en la investigación.
La reacción del sindicato
Frente a la magnitud del fraude, Rucci fue contundente: “Esperamos que caigan los médicos que estafaron a las obras sociales. Con nosotros no trabajan nunca más”. El dirigente confirmó que además de la denuncia penal se resolvió el despido de dos auditoras de la mutual, señaladas por negligencia en los controles.
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El gremio remarcó que los afiliados, la obra social y la mutual fueron defraudados económicamente por pagos indebidos hacia profesionales que fraguaron prácticas médicas que nunca existieron.
Investigación judicial en marcha
La causa está a cargo de la fiscal Valeria Panozzo, quien dispuso allanamientos en clínicas y domicilios de los médicos involucrados. Los querellantes, Marcelo Hertzriquen Velazco y Joaquín Tomás Hertzriquen Catena, adelantaron que los registros hospitalarios no muestran evidencia de las operaciones denunciadas.
La investigación se centra ahora en comprobar el alcance del fraude y determinar si existieron otros profesionales implicados en prácticas similares en períodos anteriores.