La salida de un funcionario clave dentro de la Oficina Anticorrupción (OA) reavivó las tensiones internas en el organismo que colabora con investigaciones sobre presunta corrupción en el Estado.
Se trata de Camilo Cordero Fabbri, abogado y ex coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias, quien presentó su renuncia tras conocerse que es defensor legal de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales imputados en la causa que investiga un presunto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La dimisión de Cordero Fabbri se produjo luego de que trascendiera su rol como abogado de Calvete, un dirigente que ya cuenta con una condena previa a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena. La doble condición —funcionario de la OA y representante legal de un imputado en una causa por presunta corrupción estatal— generó cuestionamientos internos y externos respecto de la compatibilidad ética entre ambas funciones.
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Fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas indicaron que el ahora ex coordinador trabajaba en un área sensible, encargada de recibir, analizar y derivar denuncias vinculadas con hechos de corrupción. Su presencia en ese cargo, en medio de una causa tan resonante, planteó interrogantes sobre posibles conflictos de interés, lo que precipita su salida del organismo.
Miguel Ángel Calvete, su defendido, se encuentra imputado junto con el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios. El fiscal federal Franco Picardi sostiene que todos ellos habrían conformado una organización que direccionaba compras y contrataciones vinculadas a las Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Se trata de un sistema que contempla insumos costosos, tratamientos prolongados y prácticas quirúrgicas de alta complejidad, muchas de ellas asociadas a enfermedades raras o poco frecuentes.
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La Nación
La investigación apunta a determinar si, bajo ese esquema, se cometieron maniobras de corrupción que habrían generado perjuicios económicos al Estado y afectado la provisión de prestaciones médicas esenciales. El rol de cada imputado, así como el mecanismo de selección y derivación de proveedores, está siendo analizado en profundidad por la Justicia federal.
La renuncia de Cordero Fabbri ocurre en un momento en el que la Oficina Anticorrupción busca reforzar su imagen institucional y su capacidad de control. La salida del funcionario evita un posible conflicto interno, pero al mismo tiempo expone las dificultades que atraviesa el organismo para sostener estándares éticos en un contexto de investigaciones sensibles que involucran a altos cargos del Estado.