Tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner anunció que se presentará ante la Justicia para cumplir con lo que considera “una decisión política del poder económico” en su contra.
La ex mandataria argumentó que no busca un privilegio, sino evitar un riesgo real. En su publicación en redes sociales, recordó el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, cuando un hombre gatilló un arma a centímetros de su cabeza frente a su casa de Recoleta. “La bala no salió por un auténtico milagro”, escribió. También señaló que, por su rol institucional, cuenta con una custodia de por vida a cargo del Estado, de la que no puede prescindir.
Su defensa solicitó que la pena sea cumplida en su domicilio, en el barrio porteño de Monserrat, alegando estrictas razones de seguridad personal. Sin embargo, si el Tribunal Oral Federal N°2 rechaza ese pedido, la ex presidente deberá cumplir la condena en una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal, lo que implicaría un cambio drástico en su situación.
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En ese escenario, el régimen de visitas estará regido por la Ley de Ejecución Penal 24.660, que establece un límite de dos ingresos semanales para familiares y allegados previamente autorizados por el tribunal o por el SPF. Las visitas serían controladas, tanto en frecuencia como en duración, y quedarían sujetas a revisiones permanentes, como ocurre con cualquier detenido dentro del sistema federal.
En cambio, si accede a la prisión domiciliaria, las condiciones serían más flexibles, aunque no exentas de vigilancia. El juez Jorge Gorini, uno de los integrantes del TOF N°2 y a cargo de la ejecución de la pena, deberá establecer las pautas de cumplimiento. En general, el régimen domiciliario permite más autonomía: las visitas no están limitadas por un cronograma legal fijo, sino por lo que el juez disponga. La condenada viviría bajo arresto en su domicilio habitual, que ya cuenta con custodia oficial por su condición de ex mandataria y con una presencia constante de militantes y seguidores.
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La decisión final está en manos del TOF N°2. Mientras tanto, Cristina se prepara para presentarse este miércoles “a derecho”, como anticipó públicamente. El juez Gorini, que había solicitado una licencia, decidió posponer su descanso para seguir de cerca la definición de un expediente que podría tener impacto político y jurídico a nivel nacional.
La expectativa sobre su destino inmediato crece, no solo en los tribunales, sino también entre su militancia, que mantiene la vigilia frente al domicilio desde donde la expresidenta sigue dando señales de resistencia política.